El jueves, la Fiscalía Regional de Antofagasta presentó una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana,
Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso ProCultura.
Se trata de un requerimiento presentado por el persecutor regional, Juan Castro Bekios, ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El propósito sería buscar formalizar a Orrego por su eventual participación en delitos de cohecho y fraude al fisco.
Se trata de un nuevo revés para el gobernador, en medio de los cuestionamientos del propio consejo regional, quienes han apuntado a las irregularidades detectadas por Contaloría.
Ayer, el abogado de Orrego, Rodrigo de La Barra, aseguró a través de una declaración pública que "como defensa no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud", y reafirmó la inocencia de la autoridad, asegurando que "no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones".
Arista ProCultura
A mediados de mayo, el gobernador Orrego confirmó algo que hasta entonces se había evitado hacer público: que prestó declaración en calidad de imputado en el caso ProCultura.
La información se había dado a conocer a inicios de ese mes por Ex-Ante, donde se apuntaba a que la declaración del gobernador ocurrió el 17 de diciembre de 2024, tres semanas después de ser reelecto en segunda vuelta como candidato independiente.
La indagatoria apuntaba a un hecho ocurrido en junio de 2022, cuando Orrego propuso al Consejo Regional Metropolitano que se nombrara a
Alberto Larraín -fundador de ProCultura-
como director de la Corporación de Desarrollo, que era presidida por el mismo Orrego. Sólo 21 días después se autorizó la entrega de los más de $1.000 millones que hoy el Gore RM reclama, por el programa
"Quédate".
Según consigna El Mecurio, la Fiscalía Regional de Antofagasta, estimaron que los convenios que se firmaron, se hicieron sin que Procultura tuviera "capacidad, idoneidad, competencia y experiencia para ejecutar los tratos".
Para pedir el desafuero, la fiscalía explicó que las acciones tuvieron como consecuencia un millonario perjuicio, por los montos asignados a la fundación: "correspondientes a $1.690 millones 388 mil", por dos convenios, según detalla el citado medio.
Así, se configuraría, a juicio de los persecutores, el delito de fraude al fisco, pero también malversación por aplicación pública diferente. Esto último, relacionado con la contratación de una persona en un cargo de funcionario público, "sin serlo".
Esa persona habría recibido remuneraciones por el programa "Quédate", por casi $10 millones, sin embargo, según la causa, dicha persona habría estado cumpliendo labores por otro programa, denominado "Patología Dual". Así las cosas, se habría configurado la destinación de fondos públicos a un fin distinto del autorizado.
