Nuevos antecedentes surgen en torno al caso de tortura en contra de un ex trabajador de 36 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien se desempeñaba en el área de Desarrollo de la Unidad de Informática del Hospital Base San José de Osorno, donde ingresó en noviembre de 2018.
El 2 de septiembre de 2025, el afectado recibió un correo electrónico de uno de los agresores, quien le pidió perdón y ayuda.
En diálogo con El Austral de Osorno, el padre de la víctima, Carlos -como pidió ser identificado-, confirmó los hechos e indicó que "en cierta forma ya estaba recuperado de la situación que vivió y esto nuevamente le gatilla abrir heridas, verse otra vez vulnerado".
"Si bien ocurrió hace tres años, mi hijo, por el tiempo transcurrido, ha ido superando esta traumática experiencia. Él se enteró de que habían reactivado este sumario porque (uno de los involucrados) le mandó un correo pidiéndole que lo perdonara, que no lo culpara por los videos que se viralizaron. Se les vino la noche encima a todos y ahora están pidiendo ayuda", añadió.
El padre del joven atacado comentó que, tras los traumáticos eventos vividos por su hijo, optaron por enviarlo al extranjero a estudiar, viaje que hizo junto a familiares.
Carlos relató además que "como familia nos enteramos de lo que estaba pasando cuando llegó con la cabeza rapada. Él, para no preocuparme, inventó una historia: que sus colegas le habían lanzado algo a la cabeza y se lo habían quemado, por lo que decidió cortarse el pelo. Eso no era cierto. Se hizo la denuncia a su jefatura y activaron un sumario. Los videos demuestran todo lo ocurrido y las mentiras que estas personas declararon en los sumarios".
El entrevistado señaló que "los videos demuestran los hechos concretos: estas personas cometieron un delito. Son un peligro para la sociedad, tienen un rasgo sicópata y se les debe sancionar".
Cabe mencionar que tres de los cuatro imputados fueron capturados ayer por la Policía de Investigaciones (PDI). Hoy pasarán a control de detención esta jornada.
Denuncia previa
En 2020, la víctima acudió a la PDI de Osorno para denunciar a uno de ellos, con quien habría tenido un incidente en el interior del hospital, donde fue agredido y terminó con una lesión menos grave en un dedo, lo que le impedía cumplir adecuadamente sus funciones.
El medio ya mencionado accedió a la acusación y en ella se detalla que "a fines del mes de mayo de 2020, en hora no determinada, en la Unidad de Desarrollo del Hospital Base de Osorno, ubicado en Guillermo Buhler 1765, el imputado Jairo Báez, luego de insultar, agredió a la víctima A.F.G.H., forcejeando con él y aplicándole una llave de lucha que le lesionó el dedo anular de la mano izquierda. Hecho que se repitió, de la misma forma, a fines de junio de 2020 en horas de la tarde, en el mismo lugar".
La denuncia además establece que "producto de estas agresiones la víctima resultó con 'fractura de la base de la F13 por dorsal con presencia de un fragmento óseo. Pérdida del espacio articular interfalángico distal del cuarto dedo de la mano izquierda', lesiones de carácter menos grave".
Por esta agresión, el caso se formalizó en el Juzgado de Garantía el 15 de noviembre de 2021. En esa instancia, el imputado quedó con prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de estudio o trabajo. El Ministerio Público solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo para el acusado.
La investigación continuó su curso. La víctima renunció a su trabajo, se presume agobiado por los malos tratos, y emigró al extranjero para estudiar, participando de algunas audiencias judiciales de manera remota.
El 9 de septiembre de 2022, en una audiencia, el imputado no admitió responsabilidad en los hechos; y el 22 de marzo de 2023 se realizó la última audiencia, donde se concretó la suspensión condicional del procedimiento.
El acusado quedó con la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, además de la obligación de fijar domicilio, todo ello por un año, plazo que ya expiró.
