A partir del 30 de septiembre. Esa es la fecha en que se tiene programado ejecutar la demolición de la toma en los terrenos de la familia Correa en Quilpué, en la Región de Valparaíso. En rechazo de la medida, los ocupantes anunciaron la creación de una cooperativa de viviendas.
A más de cinco años de la muerte del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario en medio de un conflicto por la usurpación de sus terrenos, a fines de agosto el Gobierno inició las diligencias para desocupar los predios que son ocupados por cerca de 150 familias, bajo el nombre de toma "Calicheros" o "Terrazas de Marga Marga".
De esta manera se busca dar cumplimiento al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso realizado en agosto de 2024 que ordena la demolición de las viviendas construidas en los terrenos usurpados a la familia del empresario.
De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, fue el pasado 4 de septiembre que una delegación de 28 autoridades y funcionarios de Gobierno, encabezada por la seremi de Vivienda, Belén Paredes, la directora (s) del Serviu, Nerina Paz, y el delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, se reunieron la Municipalidad de Quilpué con un grupo de representantes de la toma Calicheros.
En el encuentro se les comunicó a los pobladores que debían abandonar sus hogares a partir del 30 de septiembre, lo que luego fue confirmado a través de una circular entregada a los ocupantes de la toma.
En ella, se informó que "la demolición se llevará a cabo una vez terminado el proceso de contratación de la Licitación pública N° 109/2025 (...), realizada por Serviu Valparaíso, lo cual está programado a partir del 30 de septiembre de 2025".
En el escrito se enfatizó que la demolición se ejecutará sobre "todas las construcciones emplazadas en los inmuebles ubicados en el sector Pompeya Sur, subdivisión Terrazas de Marga Marga".
Asimismo, se estableció que se realizarán catastros sociales a las familias desplazadas, habilitándose "módulos de atención presencial en la Ilustre Municipalidad de Quilpué".
Ocupantes acusan "encerrona"
El anuncio causó rechazo entre los ocupantes, dado que aseguran que la convocatoria enviada por correo desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) aseguraba que constaba de una "reunión informativa". Por ello, acusan ser víctimas de una "encerrona" de las autoridades.
En esa línea, la presidenta del Campamento Terrazas de Marga Marga, Yasmín Durán, cuestionó que "esto no fue una reunión, fue una encerrona. Nosotros éramos apenas 5 dirigentes contra casi 30 autoridades. Nos impusieron la demolición, como si aquí no hubiera familias, no hubiera personas. Fue una reunión bastante desagradable".
"Quedamos todos muy angustiados. No le están dando tiempo a la gente. ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Qué hacemos con nuestros animales? Esto no tiene pies ni cabeza", expresó la dirigente.
También Rodrigo Valdés, abogado de los ocupantes del terreno, criticó que "lo que inicialmente era una reunión de diálogo, realmente era para decirle a la gente que les van a demoler todo de aquí al 30 de septiembre. Es decir, les darían menos de un mes para sacar sus enseres".
"Para mí fue una encerrona, y violenta, porque no consideraron a los vecinos, que viven en una situación de precariedad", añadió el jurista.
Formación de cooperativa
Durán, por su parte, reconoce que tras ver el actuar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para alcanzar salidas alternativas en el conflicto de la megatoma de San Antonio es que decidieron conformar una cooperativa de vivienda a la que se han afiliado 79 personas.
En dicho caso, el Minvu se encuentra en conversaciones con la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela para ver alternativas ante el fracaso de la mesa técnica que buscaba concretar una compra de terrenos a los propietarios, además de analizar soluciones en caso de un eventual desalojo -que fue solicitado ayer por los dueños-.
En ese sentido, Durán argumentó que "si esta solución sirve para San Antonio, para nosotros también puede servir".
La presidenta de la organización de pobladores afirmó que "queremos comprar el paño, pero la familia Correa nunca ha querido hablar con nosotros".
Al respecto, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, señaló al citado medio que "como ministerio estamos realizando todas las acciones necesarias para poder restablecer la legalidad urbanística en el sector de Pompeya Sur de Quilpué. Para ello, hemos estado en coordinaciones con todas las instituciones pertinentes para poder desarrollar este proceso de forma segura, cuidando la integridad de las personas".
La autoridad añadió que "nos hemos reunido en dos oportunidades con sus representantes luego del fallo de la Corte de Apelaciones para dar cuenta de este proceso y, recientemente, nos volvimos a reunir para informar los plazos en que se desarrollará el proceso de demolición".
Además, indicó que se habilitaron atenciones especiales en el municipio de Quilpué para las familias "a fin de que puedan recibir orientaciones y contar con un catastro actualizado de quienes habitan el terreno de Calicheros".
Fecha de demolición del Serviu
Pese a que la comunicación a los ocupantes fue de que el proceso iniciaría el 30 de septiembre, la abogada Jeannette Bruna, que representa a la familia Correa, confirmó a Radio Bío Bío que "nos comunican por parte del Serviu que ese inicio (de demolición) está planificado para el 29 de septiembre y desde ahí partir, porque son 7 días para la ejecución".
Además, recalcó que la medida "no es un favor a la familia Correa porque este es un tema de cumplir los deberes públicos del Estado y desde esa perspectiva nosotros estamos confiados en que esta tercera vez será la vencida y ahora sí lo vamos a lograr".
