Nuevos antecedentes se conocieron en torno a la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende y el Estado de Chile, transacción que, aunque no se concretó, le costó el cargo a la
senadora Isabel Allende y motivó la renuncia de la exministra de Defensa,
Maya Fernández.
Esta vez, se trata de la declaración que prestó en el marco de la investigación judicial la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, en calidad de testigo. Según afirmó, levantó alertas por el parentesco de la exsenadora y exministra y que Presidencia no le pidió información al respecto.
La declaración de Arredondo, a la que accedió El Mercurio, parte con la llegada a su cargo. "Yo estaba viviendo en España cuando recibí el llamado del Presidente (Gabriel Boric) para incorporarme al ministerio. Esto a menos de un mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado".
Según dijo la ministra, había un ambiente de "bastante convulsión" en la cartera, principalmente por "la negativa a participar como país invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt, la presidencia de Chile en la Bienal de Arte de Venecia, y complejidades con los gremios de Subsecretaría de Cultura y del Serpat (Servicio Nacional de Patrimonio Cultural)", lo que llevó a que "en septiembre u octubre de 2023, se tomaron mi oficina".
Añadió que, además, septiembre "es la fecha en que se envía la Ley de Presupuestos al Congreso".
En ese contexto, la labor de la ministra Arredondo apuntaba al incremento de recursos para su cartera, en atención al compromiso del programa de Gobierno. Por eso, "hubo diversas solicitudes", por ejemplo, "del archivo de la memoria" y "la adquisición de casas presidenciales".
De acuerdo a la declaración, Arredondo explicó que en la ley que creó el Ministerio de las Culturas se fijó "el resguardo de la memoria histórica y, en ese marco, se justificaba la compra de estos inmuebles". Así, se optó por los del "presidente que le tocó el quiebre de la democracia (Allende), y otro asociado al Presidente (Patricio Aylwin) que le tocó tomar el rumbo retornada la democracia en Chile".
Fue en el marco de los 50 años del golpe de Estado que "se presentó el proyecto de presupuesto 2024 la partida 29, que es la que corresponde al ministerio", dijo la ministra, y ya en la discusión presupuestaria "la exposición de la directora (Nélida Pozo, del Serpat) en el subtítulo 31, hablaba de aumento presupuestario de compra de la casa de Guardia Vieja, y no de la casa de la familia Aylwin. Hubo más citaciones del Congreso en el marco de la discusión presupuestaria, pero (...) me parece que, respecto de la compra de las casas presidenciales, la señalada fue la única".
La minuta interna que pidió enviar a Presidencia
Arredondo puntualizó que, tras la aprobación presupuestaria, "en marzo de 2024, a mi petición, nos reunimos con las jefaturas de gabinete y las tres jefas de servicio". Esto, para "hacer seguimiento de diversas materias, una de ellas la compra de los inmuebles presidenciales. En ese momento lo que se planteaba era comprar una o dos casas y cómo hacer la identificación presupuestaria, pero hasta ese momento no había nada crítico, o que se planteara algún problema".
Agrega que en mayo de 2024, "me llega un correo electrónico del jefe de gabinete (de la ministra) Gonzalo Pinto, con una minuta de Paz Carmona, jefa de gabinete del Serpat". En ese documento, dijo Arredondo, "se hacían observaciones comunicacionales y jurídicas, no recordando si había un fondo o desarrollo de dichas observaciones. Le pedí a Gonzalo Pinto que la remitiera a Bernardita Nazar, sectorialista de nuestro ministerio en Presidencia".
"Las observaciones se referían a la vinculación de la ministra Fernández y de la senadora Allende con el proceso de la compra de la casa", dijo Arredondo en su declaración.
Respecto al nivel de involucramiento que tuvo la ministra en el proceso de compraventa de la casa, por ejemplo, con los miembros de la Fundación Salvador Allende, con el abogado Felipe Vio y el director, Genaro Cuadros, Arredondo respondió que no los conocía y que no tuvo "conocimiento que los representantes de la familia Allende, Felipe Vio y Genaro Cuadros, presentaron un perfil de proyecto a Serpat, en virtud del cual adquirida la casa por el fisco esta pasaría en comodato a una fundación".
La ministra negó además que "el Presidente de la República o alguno de sus asesores directos tuvieron vinculación directa conmigo por este proceso". También respondió que "con relación a si la ministra Fernández o la senadora Allende tuvieron participación directa en el proceso de compraventa ante mi ministerio o algún otro servicio público, lo desconozco, al menos conmigo no".
