Esta jornada la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) se refirió al dictamen de la Contraloría Regional de Antofagasta, la cual identificó diversas debilidades e irregularidades en la gestión y control de licencias médicas entre su repartición y la Seremi de Salud de esa región durante los años 2023 y 2024.
Entre los principales hallazgos del informe del órgano contralor se verificó que funcionarios que no ejercen funciones de médicos aprobaron y rechazaron licencias médicas en el Sistema Informático de Fonasa (SIF).
Asimismo, se detectaron situaciones como la autorización de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios médicos contralores.
También se observó la emisión de licencias médicas por parte de médicos sancionados, una baja cobertura fiscalización y que al 31 de diciembre de 2024, la COMPIN mantenía licencias médicas pendientes de pago a 120 instituciones públicas por un total de $36.582.786.884.
Al respecto, Daniela Vielma, directora (s) de COMPIN Nacional, mencionó a Emol sobre las diligencias que "nuestra institución respondió formalmente dentro de los plazos establecidos, iniciando desde marzo de 2025 un proceso integral de modernización que abarca la revisión y estandarización de todos los procedimientos COMPIN a nivel nacional".
"En atención a los principales hallazgos señalados por el ente contralor, desde marzo de este año hemos instruido un proceso integral de revisión, actualización y estandarización de instrucciones, manuales y procedimientos aplicables al funcionamiento de las COMPIN en todo el país", afirmó la directora (s).
Asimismo, aseguró que "esta modernización se ha materializado en acciones concretas. En junio, mediante oficio a todas las SEREMI de Salud, se reiteró la obligación legal de abstención en casos de conflicto de interés, conforme a las leyes de probidad administrativa".
"Paralelamente, el Departamento de COMPIN Nacional implementó un sistema de control basado en inteligencia institucional y cruces de datos que monitorea continuamente el actuar de los médicos contralores en todo el país", sostuvo.
Vielma apuntó a que "reconociendo que los desafíos requieren soluciones tecnológicas, se coordinó con otros organismos para fortalecer los sistemas. A FONASA se le solicitó en abril mejoras al sistema SIF para impedir que médicos contralores revisen sus propias licencias y fortalecer la trazabilidad. Posteriormente, en junio, se requirió a SUSESO la incorporación de validaciones preventivas en el sistema de Licencia Médica Electrónica, buscando imposibilitar situaciones anómalas como la autoemisión de licencias o emisiones cuando el profesional es empleador del trabajador".
Además, aseguró que "cuando se han detectado comportamientos anómalos o indicios de irregularidad, se ha procedido a informar a la Subsecretaría de Salud Pública, quien ha ordenado a las SEREMI respectivas instruir los sumarios administrativos correspondientes, encontrándose actualmente dos médicos contralores en proceso de destitución".
"Paralelamente, en los casos que así lo ameritan, los antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público y se ha instruido el rechazo de las licencias médicas emitidas de forma indebida por las COMPIN involucradas", sostuvo Vielma.
También reveló que "se está ejecutando una auditoría sistémica conjunta entre los departamentos de Auditoría Ministerial de MINSAL y FONASA junto con COMPIN Nacional, evaluando integralmente la plataforma SIF para identificar y corregir brechas de seguridad y riesgos procedimentales".
"Desde COMPIN nacional creemos firmemente en el compromiso de las y los funcionarios públicos que, día a día, ejercen su labor con integridad, responsabilidad y vocación de servicio. Por eso como organismo, hemos actuado de manera proactiva frente al problema del mal uso y la emisión fraudulenta de licencias médicas, usando al máximo sus capacidades y recursos técnicos y humanos, así como sus facultades legales para la identificación y denuncia de los casos detectados", cerró la directora subrogante.
