La judicialización de la salud en Chile se ha expandido más allá de los conflictos de la adecuación de los planes de las isapres, concluye un informe del Observatorio Judicial, que analiza 10 mil sentencias de la última década, de 2016 a julio pasado. La razón: la Corte Suprema limitó las alzas hace tres años, ya que se debe justificar el aumento individualmente y existe una fiscalización de la Superintendencia de Salud. Esto obligó a crear una ley corta que incorporó diversos resguardos para evitar las miles de presentaciones que llegaban a tribunales. El estudio da cuenta de que el recurso de protección se ha convertido en una herramienta clave en litigios sobre la cobertura de tratamientos, el financiamiento de medicamentos y la impugnación de licencias médicas.
