¿Qué nivel de participación a nivel político y comunal tienen las personas en situación de discapacidad en Chile? Esa fue una de las preguntas centrales del estudio y sondeo elaborado por la Fundación Chilena para la Discapacidad, que fue aplicada a 201 personas en 15 regiones del país.
El sondeo aborda la participación política con aspectos como el voto, militancia, interés en la política; y la participación comunitaria, como juntas de vecinos, organizaciones sociales, deportivas y religiosas, de las personas en situación de discapacidad.
En paralelo, examina las barreras y facilitadores que enfrentan las personas en situación de discapacidad cruzando variables como territorialidad, educación y características de las personas que ejercen labores de cuidado.
Así, el sondeo se planteó interrogantes como: ¿qué factores sociodemográficos inciden en la participación ciudadana de las personas en situación de discapacidad en Chile? ¿Las características de las personas cuidadoras influyen en la participación de quienes se encuentran en situación de discapacidad?, ¿Cómo se comparan estos resultados con los hallazgos internacionales?, y ¿qué recomendaciones de política pública pueden derivarse de este análisis?
Participación política
En términos de participación electoral, el 68% de los encuestados manifestó haber votado en las últimas elecciones nacionales, mientras que un 32% no lo hizo.
Entre las razones más comunes para la no participación se encuentran: dificultades de acceso físico a los locales de votación, falta de transporte accesible y desconfianza en las instituciones políticas, evidenciando la persistencia de barreras en el entorno.
El análisis por nivel educativo revela diferencias significativas: las personas con educación superior participan más tanto en elecciones (82%) como en organizaciones comunitarias (67%), en comparación con quienes solo cuentan con educación básica (54% y 41% respectivamente).
Asimismo, se observaron diferencias regionales: la Región Metropolitana de Santiago, concentra mayores niveles de participación electoral y comunitaria, mientras que, desde Ñuble al sur, presentan los índices más bajos. Existe una asociación moderada entre región y participación electoral.
Respecto de la participación en movimientos políticos, solo un 8,6% declara participar en estos y un 30% declara haber participado en marchas o manifestaciones publicas para defender sus derechos.
Otro dato relevante es que solo el 20% se ha contactado con alguna autoridad pública o representante público, para dar su opinión o resolver un problema que le ha afectado, relevando la escasa cercanía que tienen las personas en situación de discapacidad con sus representantes.
A nivel legislativo, un 35% declara conocer que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) obliga al Estado de Chile a propiciar mecanismos que aseguren su participación y de estos, un 51% cree que el estado no cumple con normas de apoyo real.
Participación comunitaria
En cuanto a la participación comunitaria, un 54% declaró participar en al menos una organización local (juntas de vecinos, clubes deportivos o asociaciones culturales), mientras que un 46% no lo hace.
La participación es más alta en contextos urbanos (61%) que en contextos rurales (38%).
Respecto de la funcionalidad de la participación comunitaria, un 41% declara que al menos una vez ha solicitado información de beneficios o programas sociales, en alguna organización de la sociedad civil, y un 27% ha acudido a las mismas para solicitar apoyo para resolver un problema, evidenciando mayor cercanía con las organizaciones de la sociedad civil que con autoridades políticas.
Rol de las personas cuidadoras
Respecto del rol del cuidado, un 59,3% de quienes señalaron que su cuidador/a fomenta la participación, reportaron haber acudido a una organización de la sociedad civil, en comparación con el 25,7% entre quienes no recibieron ese estímulo.
El 66,7% de quienes recibieron fomento de quien ejerce su cuidado declaran participar en actividades comunitarias, frente al 34,2% de quienes no recibieron este apoyo.
Respecto a manifestaciones o protestas, el 41,9% de quienes tuvieron apoyo del cuidador participaron en estas instancias, contra el 18.6% de quienes no tuvieron apoyo.
Las personas cuidadoras que además tienen un empleo remunerado, distinto al cuidado, fomentan más la participación política y comunitaria.
En el ámbito de participación política, un 22,8% de personas cuyos cuidadores/as tenían empleo declaran participar en partidos o movimientos sociales, en comparación con el 8,3% entre quienes no lo tenían. Respecto a manifestaciones o protestas, el 41,9% de quienes tuvieron apoyo sus cuidadores/as participaron en las mismas, contra el 18,6% de quienes no tuvieron este apoyo.
Respecto de la participación comunitaria, la diferencia fue también significativa: 64.1% de las personas con cuidadores/as con empleo participan en organizaciones de la sociedad civil, de la frente al 39,4% de personas en situación de discapacidad que tienen cuidadores/as sin empleo, evidenciando riesgos de sobreprotección, codependencia y negligencia en quienes ejercen el cuidado como única actividad.
Desafíos
El estudio destaca que los resultados sugieren que la participación política y comunitaria a de las personas en situación de discapacidad está mediada tanto por factores estructurales (educación, región, empleo de la persona cuidadora) como relacionales (estímulo del cuidador/a), confirmando la perspectiva del modelo social de la discapacidad y la importancia del enfoque de apoyos para el ejercicio de derechos.
Los hallazgos sugieren también que el fomento activo de la participación por parte de los/as cuidadores/as constituye un factor determinante en la integración social y política de las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, la actividad remunerada de las personas cuidadoras aparece como un factor estructural que influye en la participación. El acceso a ingresos y redes sociales podría ampliar las oportunidades de las personas en situación de discapacidad, aunque también puede implicar tensiones de tiempo y disponibilidad para el acompañamiento.
Estos resultados, añaden, "refuerzan la necesidad de que las políticas públicas de cuidado no se limiten a la asistencia funcional, sino que incluyan estrategias orientadas a promover la ciudadanía activa de las personas en situación de discapacidad, considerando el rol mediador de quienes ejercen el cuidado".
El documento subraya que persisten desafíos: "La baja representación de personas en situación de discapacidad en partidos políticos y cargos de elección popular, muestra que la inclusión formal en la política institucional aún es limitada".
"Además, la falta de accesibilidad electoral continúa siendo un problema no resuelto, siendo necesario fomentar la representación política de las personas en situación de discapacidad, promoviendo su liderazgo en partidos y movimientos sociales, y avanzando hacia una democracia inclusiva. La implementación plena de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debe ser el horizonte que guíe estos esfuerzos", sostiene el reporte.
Propuestas
A raíz de estos hallazgos, la Fundación Chilena para la Discapacidad, dispuso algunas recomendaciones para el fortalecimiento de la participación de quienes se encuentran en situación de discapacidad.
En primer lugar, propone "establecer un sistema de participación accesible para las personas en situación de discapacidad, aplicable a espacios comunitarios y electorales, con orientaciones derivadas del Observatorio de Participación orientadas a establecer el acceso a la información y a los entornos físicos donde se realicen dichas instancias, como también, orientadas a la transferencia técnica y a la instalación de capacidades en organizaciones de la sociedad civil".
En segundo lugar, apunta a "establecer la obligatoriedad legal, para que la información relacionada a procesos electorales, incluyendo las propias campañas de candidatos y candidatas, sea accesible para todas las personas en situación de discapacidad. Esta medida debe incluir los procesos electorales de alcaldes y concejales, gobernadores y consejeros regionales, diputados y senadores, como también, presidente de la República".
Como tercer punto, sugiere "fortalecer el sistema nacional de apoyos y cuidados, entregando herramientas a quienes ejercen estas labores, para fomentar la participación de personas en situación de discapacidad y dependencia. Las mencionadas herramientas pueden consistir en capacitaciones, kit de Apoyo y en la asistencia directa mediante la facilitación del transporte y la incorporación de asistentes personales que propicie en la participación en procesos electorales".
