La trama judicial por la demolición de la toma de Quilpué -en un predio de la familia Correa- terminó. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la orden de no innovar presentada por vecinos, dejando vía libre al operativo.
El miércoles, el Serviu de Valparaíso adjudicó y firmó contrato con la empresa ejecutora, que llevará a cabo la demolición esta semana, en coordinación con las instituciones del Estado que forman parte de la mesa de trabajo.
Las faenas las llevará a cabo la firma Río Grande SpA, por un monto de $131,25 millones.
Cuándo comenzará
El proceso como tal iniciará el lunes. Ese día se llevará a cabo un operativo en el que estarán presentes el Servicio de Migraciones y la PDI. Esto, con el objetivo de "verificar la situación migratoria de quienes habitan este lugar", según palabras del delegado presidencial, Yanino Riquelme.
"Debemos reiterar que mantenemos todas las coordinaciones necesarias con el municipio, quienes también dispondrán de sus capacidades logísticas y operativas para apoyarnos en la ejecución de esta medida siempre buscando el resguardo de la integridad y derechos fundamentales de las familias", dijo asimismo Riquelme.
El martes 30, en tanto, ingresará la maquinaria e iniciará el desarme físico. La ejecución será por sectores: la empresa trabajará de manera progresiva y ordenada, considerando topografía y densidad de edificaciones irregulares.
El plazo de demolición de las estructuras, esperan las autoridades, demorará hasta dos días. Una vez concluido, se procederá a la entrega del terreno a los propietarios.
Una vez hecho ello, se llevará adelante un cierre perimetral de los predios.
El terreno tomado se ha vuelto emblemático en la región. Es que en 2020 el propietario, Alejandro Correa, fue asesinado poco tiempo después de haber denunciado públicamente la usurpación de sus terrenos en Quilpué.
Cabe destacar que hace unos días la alcaldesa de Quilpué criticó la coordinación gubernamental, acusando tardanzas en establecer mesas de trabajo y convocar a todos los actores pertinentes.
Se estima que hay cerca de 130 familias viviendo en la toma, denominada Calicheros.
