La contralora general de la República, Dorothy Pérez.
El Mercurio
La reciente revelación de casos de uso indebido del arriendo de viviendas fiscales -incluyendo uno vinculado a una pesquisa policial- ha puesto en evidencia los alcances y vacíos de un beneficio largamente anhelado por funcionarios públicos de menores sueldos en el aparato estatal. Sobre esta arista, se han activado indagatorias: "La Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales en el Ejército, y dos auditorías sobre inmuebles fiscales en el Ministerio de Bienes Nacionales, las que se encuentran en proceso. Adicionalmente, está elaborando un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa referente a la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales, por parte de los funcionarios públicos", informa el órgano contralor.
