Tras años de espera, este lunes finalmente comienza el proceso de demolición de la toma de Quilpué en los terrenos de la familia del empresario Alejandro Correa.
El empresario fue asesinado en mayo de 2020 afuera de su casa en Concón por un sicario. Todo esto, en medio de un conflicto por el uso de sus terrenos en la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso.
Con el inicio de las faenas se logra concretar la orden judicial dictada el pasado 27 de agosto de 2024 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual apuntó a la Seremi de Vivienda para exigir la ejecución de su propia orden de demolición de las casas construidas en el terreno usurpado.
Si bien en un principio el tribunal de alzada le ordenó al organismo hacerlo en un plazo máximo de 30 días, a más de un año de cumplirse la orden judicial los terrenos continúan tomados.
Tras una serie de emplazamientos por parte de la familia del empresario e incluso autoridades, en agosto de este año que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tras una "orden del Presidente de la República" y firmada por la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, manifestó que se debía concretar la demolición de las viviendas ilegales.
Fue la semana pasada que se dio a conocer que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso adjudicó las obras de demolición de la toma, las que se iniciarán este lunes 29 de septiembre.
En la licitación participaron seis oferentes y finalmente la firma Río Grande SpA fue la vencedora del concurso, logrando adjudicarse las faenas de demolición por un monto de $131.250.000, el más bajo de las cinco propuestas.
La noche del domingo, a tan solo horas de comenzar el proceso de demolición, la hija del empresario, Valentina Correa, escribió en su cuenta de X que "la justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria".
"Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Gracias a quienes creyeron y empujaron. Y a los que no, mostramos que era posible", cerró Correa.
Catastro y albergues
Se estima que hay cerca de 150 familias viviendo en la toma, denominada "Calicheros", según las viviendas levantadas en los terrenos usurpados a la familia Correa. Algunas de ellas tienen más de 1.500 metros cuadrados de construcción.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que junto al municipio de Quilpué y otras instituciones de ayuda "tenemos definidos (...) los albergues para las personas y también la situación respecto de mascotas y animales de granja".
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, afirmó que "nos hemos estado preparando desde hace algún tiempo en relación a lo que va a significar nuestra ayuda en temáticas de asistencias sociales".
En primer lugar está la habilitación "del albergue para las familias que no hayan tenido la red de apoyo en este momento, y que nos ha llegado información de algunas familias de manera anticipada que, efectivamente, van a usar este albergue por las 72 horas".
Además, aseguró que se está llevando a cabo un trabajo con la Oficina Local de la Niñez (OLN) para atender la situación de niños y adolescentes. También afirmó que los adultos mayores serán "debidamente atendidos" durante este proceso.
En cuanto al cuidado de mascotas, la alcaldesa declaró que "hemos estado llamando a cada una de las personas que ya tenemos catastradas para saber cuál va a ser la situación con ellas, los animales de granja".
También aseguró que ha habido contacto "con algunas organizaciones donde vamos a poder establecer un vínculo para aquellos animales de granja que, o quieran definitivamente donados, o en su defecto van a tener que ser mantenidos por algún tiempo y el municipio va a tener que trabajar con estas instituciones.
Pasos de la demolición
Según informó el Serviu de Valparaíso, el proceso de demolición será llevado a cabo por la empresa constructora Río Grande SpA que firmó el contrato el pasado viernes y que intervendrá el terreno por sectores.
Esto, considerando la topografía del lugar, la densidad de las edificaciones irregulares con maquinaria y mano de obra especializada para ejecutar los trabajos de demolición en seis zonas de manera progresiva.
De acuerdo a las bases de la licitación, los trabajos de Río Grande SpA en la toma Calicheros demorarán una semana.
Este lunes se llevarán a cabo un operativo en el que participarán el Servicio de Migraciones y la PDI con el objetivo de verificar la situación migratoria de quienes habitan este lugar. En paralelo, se dispuso de un despliegue de apoyo de Carabineros de Chile ante la posibilidad de situaciones que requieran intervención policial.
El martes 30, en tanto, ingresará la maquinaria e iniciará el desarme físico que se extenderá por dos días.
Una vez concluido, se procederá a la entrega del terreno a los propietarios y se llevará adelante un cierre perimetral de los predios.
Resistencia de pobladores
Pese a la orden del tribunal, los pobladores del lugar continúan poniendo resistencia a la demolición y acusan una ilegalidad del proceso.
El pasado 24 de septiembre ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual fue rechazada dos días después.
En tanto, el pasado sábado presentaron una reposición, aludiendo a que el proceso de demolición no implica el desalojo de los habitantes.
Según explicó a El Mercurio de Valparaíso el representante jurídico de los habitantes de Calicheros, Rodrigo Valdés, "lo que esta facultado a hacer el Serviu es a demoler, no a desalojar. Y esto lo ha sostenido la misma Seremi (de Vivienda) y el ministerio en general, desde el primer día, desde el año 2021 que se está declarando de que no se puede demoler mientras un tribunal no ordene el desalojo".
"La Corte ordenó a las autoridades que fueron como denunciadas por el acto arbitrario ilegal, para que informaran dentro de un plazo de 8 días", por lo que sería "absolutamente imprudente, por decirlo menos, hacer o ejecutar, si es que pretenden, sin antes informar a la Corte de Apelaciones que declaró la admisibilidad del recurso, lo que significa que esta considera que hay hechos que eventualmente pueden ser vulnerados y que han sido interpuestos dentro de plazo", cuestionó el jurista.
Por otro lado, Valdés enfatizó que no existe "ningún juicio de desalojo. No lo hubo ni al principio, ni durante todo este proceso, ni actualmente. Por lo tanto, lo que nosotros podemos señalar es que este es un caso terriblemente importante, en que lo que hemos notado es el típico sistema de litigación por la prensa. Por lo tanto, nosotros esperamos que la autoridad tome conciencia de la gravedad de lo que pretende hacer y se abstenga de realizar la demolición mientras no le informe a la Corte de Apelaciones".
