Este lunes comenzó el proceso de demolición de la toma denominada "Calicheros", emplazada en los terrenos de la familia del empresario asesinado, Alejandro Correa, en Quilpué.
En diálogo con Radio Universo, la abogada de la familia, Jeanette Bruna, detalló el proceso de demolición que está a cargo de la empresa Río Grande SpA y que se espera que se extiendan por una semana.
La abogada afirmó que "la reunión que sostuvimos el día viernes con la mesa intersectorial de autoridades fue bien clara. Carabineros, el contingente policial ya empezaba a llegar hoy día, en que se coloca el puesto de bando, y el Servicio de Migraciones, aunque no se han catastrado a personas extranjeras, pero de todas maneras, si alguna necesitara algún tipo de ayuda, y también va a estar la PDI acompañando ese servicio".
"Esperamos en realidad, que es lo que más quiere la familia, que todo esto se desarrolle en paz y que no exista ningún tipo de resistencia por parte de los pobladores", afirmó la jurista.
Asimismo, afirmó que "cuando conocieron que esto ya no tenía vuelta atrás, porque las señales de las autoridades iban en ese sentido, ellos empezaron a retirarse ya desde el lunes de la semana pasada. Existen siempre personas que todavía tienen un recurso de protección interpuesto, que posterior a esto va a perder oportunidad, pero se han ido retirando, al menos las personas que no han sido dirigentes".
Además, enfatizó sobre el recurso de reposición interpuesto por los pobladores el pasado sábado que este "no implica suspender los efectos del acto administrativo" de la demolición, además de que no se puede revertir la medida porque "el fallo señala que el recurso ha perdido oportunidad".
Sobre el catastro de las familias que habitan los terrenos, Bruna afirmó que "la municipalidad ha hecho por todos los medios de comunicación el llamado de la alcaldesa Carolina Corti para que la gente fuera a catastrarse si es que necesitaba ayuda social".
"La licitación (de la demolición) fue considerando 120 construcciones en los 44 lotes. Y solo se han ido a catastrar 38 familias, pero el lunes pasado habían solo 10. Entonces, de esas 38, solo cinco han solicitado albergue y las otras personas han solicitado otro tipo de ayudas sociales que se ha ido catastrando, pero no albergue. Por lo tanto, se estima que todo el resto o no necesita ayuda social o tiene la posibilidad de ir a otra a otra parte con familiares, etcétera", explicó la abogada.
En cuanto al proceso, "hoy día se colocan los puestos de comando y mañana a las 06:30 parte la demolición y el terreno debe estar sin personas, sin animales y, por lo tanto, la fuerza policial va a trabajar entre hoy día y mañana con las demás autoridades para incentivar el abandono voluntario de las personas".
Venta del predio
En relación al futuro del predio, la abogada afirmó que "los dueños según la Ley de Organismos tienen la obligación de cercar sus terrenos y eso es lo que vamos a proceder".
Cabe señalar que anoche la hija del empresario asesinado, Valentina Correa, mencionó en su cuenta de X que "la justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria. Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Gracias a quienes creyeron y empujaron. Y a los que no, mostramos que era posible".
Al respecto, la abogada mencionó que "Valentina está tranquila con su familia de que esto por fin se esté realizando más allá de toda la larga peregrinación que esto ha explicado y la revictimización pasada".
A su juicio, el proceso que comienza hoy da cuenta de que "es posible empezar a trabajar con las comunidades, empezar a trabajar con la gente que con las tomas desde un primer momento. Y por eso es que la familia Correa desde un inicio propuso que esto fuera, resignificando el terreno, algo para viviendas sociales. Hoy día el plan regulador no lo permite, por lo tanto se estaba o se propuso modificar el plan regulador que la anterior alcaldesa, pero nada de eso prosperó", mencionó.
En esa línea, afirmó que el predio será puesto a la venta. "Estoy a cargo de hacer la venta de ese terreno, a un precio muy distinto al que podría ser el comercial, sin perjuicio de que ese terreno tenga la prioridad de de desde la perspectiva pública", afirmó la jurista.
Además, acusó que la idea de destinar el terreno a viviendas sociales fue desechado por "voluntad política y los fondos. Desde el Gobierno Regional habían comprometido a comprar el terreno para destinarlo a fines sociales y públicos, y eso no se concretó".
"Precedente para el país"
Además, la abogada calificó la demolición que comienza hoy como "un precedente para todo el país, primera vez que lo hacen".
"Esto no es una sanción, y que se entienda bien, no es una sanción a la toma, sino que es una sanción a las construcciones ilegales, por lo tanto, vería lo mismo si están en terreno propio o están en terreno (...) y por eso esto es un precedente para todo el país", subrayó la abogada.
"Ojalá que esto sirva también de precedente para que no se tengan que esperar sentencias, ni se tenga que esperar denuncias ante Contraloría para hacer y cumplir los deberes que establece la ley a la autoridad urbanística", cerró Bruna.
