El caso de Bernarda Vera, quien figura en el listado de 1.469 detenidos desaparecidos durante la dictadura y que, según nuevos antecedentes, estaría viviendo en Argentina, abrió un intenso debate en el Congreso Nacional.
La situación fue dada a conocer en un reportaje de Chilevisión, donde se informó que Vera habría logrado escapar junto a un grupo de personas. En 1978 habría obtenido un permiso de residencia en Suecia, en 1984 se convirtió en ciudadana de ese país y en 1999 habría regresado a Argentina.
El
diputado Jorge Alessandri (UDI) afirmó que "si un canal de televisión pudo encontrar a una de estas personas, alguien como Dorothy Pérez y sus facultades con la Contraloría pueden encontrar a muchos más".
El parlamentario agregó que "detrás de estos casos, si son falsos, hay dinero del Estado, hay falsos exonerados y hay miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes. Vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para revisar si hay más casos como este, si hay más personas defraudando al Estado con este tipo de mentiras por tantos años".
En la misma línea, la
diputada Camila Flores (RN) valoró la publicación del reportaje y cuestionó: "¿Cuántos más supuestos detenidos desaparecidos vivos habrán? ¿Cuántas personas estarán condenadas por estos supuestos delitos, que en definitiva, no se cometieron?".
Por su parte, el
diputado Cristián Araya (Partido Republicano) señaló que "oficié a la Contraloría por este caso (…) debe establecer quiénes estaban al tanto de que estaba viva, qué montos se le han pagado a la hija a modo de 'reparación' y qué personas fueron condenadas por su supuesto crimen".
Una visión distinta planteó el
diputado Diego Ibáñez (FA), quien expresó que "no me atrevería a hacer juicios políticos respecto de determinados casos en particular cuando no tengo la información y yo esperaría que los propios mecanismos del Plan Nacional de Búsqueda y de la Justicia esclarezcan la situación de cada uno de los detenidos desaparecidos que existe hoy día en Chile por respeto a las familias y por respeto también a su memoria".
"Ahora bien, serán los tribunales en una sede que independiente del Poder Legislativo quieren establezcan la verdad procesal respecto de estos casos", añadió.
A su vez, la diputada Lorena Fries (FA) dijo que "el caso de Bernarda Vera no puede usarse como excusa para cuestionar a todas las víctimas, ni al Plan Nacional de Búsqueda, ni la veracidad de los Informes Rettig y Valech. Así como la situación inversa del joven Luis Pino Soto (que fue reconocido como víctima años después), demuestra que si hay errores se pueden corregir, lo central es que la gran mayoría de detenidos desaparecidos siguen sin paradero conocido".
Agregó que "la derecha no puede meterlos a todos en el mismo saco ni frenar la búsqueda".
