Una compleja situación estarían enfrentando distintos colegios de la zona norte del país, específicamente en las comunas de Alto Hospicio, Copiapó y Antofagasta, donde cientos de estudiantes estarían sufriendo recortes en sus jornadas escolares a raíz de ciertas "emergencias" en dichas zonas.
La denuncia la encabezó la Fundación Escuelas Abiertas, que a través de una carta a El Mercurio afirmaron que ante esto, "el Ministerio de Educación, en lugar de ampliar la oferta por la falta de matrícula, ha disminuido arbitrariamente las horas de clases, obligando a estudiantes a turnarse entre mañana y tarde".
Esto, acusan, ha significado un "costo brutal" de "380 horas perdidas al año, equivalentes a 54 días de clases, casi tres meses escolares borrados del calendario".
El cuestionamiento de fondo de la organización apunta a que si bien el Mineduc dice estar garantizando el derecho a la educación, "en la práctica, lo hacen bajando el estándar para los más vulnerables", lo que trae como consecuencia "menos aprendizajes, mayor riesgo de deserción, droga y delincuencia, y una carga insoportable para sus familias, especialmente para las madres". A ello, aseguran, se suma la pérdida de contenidos clave, que impactan directamente en el futuro de los escolares.
"Vulneración al derecho de educación"
Consultada por Emol, María Teresa Romero, fundadora de Escuelas Abiertas, añade que la organización ha recorrido varias regiones del país donde han podido detectar estas "vulneraciones al derecho a la educación".
" Hacemos un llamado a que, con verdadera voluntad política, se reconozca la magnitud de esta situación y se entregue una solución inmediata. Cada día sin actuar es un día en que a los niños se les arrebatan oportunidades educativas que nunca volverán".
María Teresa Romero, Fundación Escuelas Abiertas
En esa línea, Romero acusa que "en esas visitas hemos constatado que, frente a la falta de matrícula, el Ministerio de Educación ha optado por una solución arbitraria e injusta: acortar la jornada escolar y dividir a los estudiantes en turnos".
"Esto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de dos factores estructurales: la incapacidad del Estado para anticipar y gestionar los movimientos poblacionales, y el cerrojo impuesto por la Ley de Inclusión del segundo gobierno de Bachelet, que prohíbe la creación de nuevos colegios con financiamiento público", agrega.
A su juicio, "lo más grave es que ni el Ministerio de Educación ni este Gobierno asumen la urgencia de enfrentar este problema, ni la responsabilidad de evitar que la desigualdad siga profundizándose. Hacemos un llamado a que, con verdadera voluntad política, se reconozca la magnitud de esta situación y se entregue una solución inmediata. Cada día sin actuar es un día en que a los niños se les arrebatan oportunidades educativas que nunca volverán".
Colegio de Profesores
Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, comenta a este medio que en la región se está viviendo "una emergencia educacional" que comenzó en 2023 y que sigue en curso.
"En este momento tenemos 22 escuelas mitigando, es decir, que se están compartiendo escuelas, por distintas causas. Hay 4 escuelas intervenidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a raíz del acuerdo de la movilización que levantamos, donde hubo un compromiso de arreglar 14 escuelas, y si bien eso ha avanzado bastante bien, interrumpe las clases, y de ellas, 2 están mitigando", comenta.
Esas reparaciones debían comenzar la segunda semana de diciembre del 2024 y se proyectaba la entrega para la segunda semana de marzo de este año, "pero se retrasaron los dineros, por lo tanto, no se pudo hacer la licitación, y por eso hay escuela mitigando".
Rodríguez sostiene además que después del sismo del 6 de junio también hubo varios colegios afectados, lo que llevó a que la cifra se elevara a 22 establecimientos compartidos.
Así, asegura que existe retraso en varios procesos, incluyendo la contratación de ingenieros para calcular el daño para después licitar, "porque después del sismo, estas escuelas no fueron declaradas con prohibición de funcionar, y hasta ahora no han sido intervenidas; mientras que las escuelas por las que se llegó a acuerdo por la movilización de Profesores, también fueron afectadas por el sismo, lo que aumenta la demanda de obras".
"Estos nudos, que repercuten en la pérdida de clases, se deben a la falta de legislación óptima para responder a las emergencias, la legislación te restringe", acota.
Esto, junto con asegurar que hay proyectos de reparación que se han presentado en malos términos, lo que ha impedido que sean aprobados por la Contraloría y la Dirección de Presupuestos (Dipres). "Son trabas de la burocracias y falta de decisión política por parte de las autoridades educacionales de sacar adelante los establecimientos", acusa el líder del magisterio regional.
Costos asociados e impacto en la evaluación
Las denuncias en torno a los ajustes y "mitigaciones" de algunos establecimientos educacionales ha llevado a que surjan otras consecuencias y costos asociados para los estudiantes.
Entre ellos, Rodríguez apunta a "escenarios de violencia" y los efectos en materia pedagógica, "porque las clases se ven reducidas. Las escuelas que estamos mitigando tenemos bloques de clases de 35 minutos, porque no hay otra forma. Se está trabajando en una irregularidad enorme, las clases no se desarrollan normalmente", acusó.
Esto, de paso, lleva a costos asociados a traslados, como el uso de buses para llevar a niños pertenecientes a determinada escuela a otra. "Sería mucho más barato acelerar las reparaciones de los establecimientos", subraya el presidente del Magisterio de Atacama.
Asimismo, y con estas intervenciones, la proyección de los resultados para los colegios del SLEP Atacama no es optimista. "Somos una de las regiones con más alta de deserción escolar, ahí ya estamos trabajando absolutamente, en las PAES o en los Simce no nos fue bien", contextualizó.
Mineduc: "Se ha modificado el calendario para que los estudiantes no pierdan clases"
Consultados por este tema, desde el Mineduc señalaron a Emol que "como Ministerio de Educación, nuestro deber es velar siempre por el bienestar y la seguridad de niños, niñas y jóvenes en sus comunidades educativas".
"En esa línea, en los casos en que las reparaciones de emergencia han hecho necesario ajustar el funcionamiento de la jornada, se ha modificado el calendario escolar de modo que las y los estudiantes no pierdan clases", aseguraron.
Asimismo, subrayaron que la asistencia y la continuidad de los aprendizajes "son una de nuestras prioridades y garantizar el derecho a la educación requiere también resguardar las condiciones en que estos se desarrollan".
