Esta mañana comenzó el operativo social de antesala para la demolición de la toma "Calicheros", que se emplaza en los terrenos usurpados de la familia del empresario asesinado Alejandro Correa en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.
Esta jornada un contingente compuesto por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y la Municipalidad de Quilpué llegaron hasta el asentamiento para realizar un catastro de las familias que permanecen en el lugar.
Según explicaron autoridades, el terreno será intervenido por sectores, considerando su topografía y la densidad de las edificaciones irregulares, siempre garantizando la seguridad de las personas, animales y mascotas.
Las faenas a cargo de la empresa Río Grande SpA comenzarán mañana a las 06:30 horas, donde 300 efectivos de carabineros resguardarán la demolición como medida preventiva.
Fidel Cueto, delegado provincial de Marga Marga, mencionó sobre el proceso que "no puede haber una demolición que está ordenada por ley, donde haya una persona adentro. Por lo tanto, hay que sacarla".
Eso sí, recalcó que "el desalojo nunca ha estado en ninguna de las resoluciones de la Corte. Dice exactamente que hay que demoler por un peligro de remoción en masa, y eso implica que cualquier persona que se oponga va a ser retirada del lugar. Cuando una persona está transgrediendo la ley, es detenida. Y la orden dice demolición, y hay que sacar a las personas".
"Se les pide, por supuesto, en primera instancia 'por favor, retírese', y si no se cumple eso, ahí tiene que entrar la fuerza pública. Llamamos para que la persona se retire de manera voluntaria, pero si al efectuar el tema de la demolición, se está oponiendo a la acción de carabineros del servicio, entonces corresponde la detención", aseguró Cueto.
Resistencia de pobladores
Pese a que algunos se han retirado por voluntad propia, hay algunos que se mantienen en el lugar y acusan una "ilegalidad del proceso".
Yasmín Durán, vocera de la toma Calicheros, afirmó que son varios los pobladores que no abandonarán sus viviendas a modo de "resistencia".
Esta mañana cuestionó que "aquí nunca hubo una orden de desalojo, entonces, si a ti te dicen, tienes que moverte, tienes que irte, como le están diciendo a San Antonio, ellos tienen orden de desalojo vigente, pero nosotros no la tenemos".
Sobre la postura de la familia Correa, sostuvo que "ellos tienen sus derechos como propietarios del paño que estaba en disputa, que era lo que era del señor Correa. Pero del resto no, y ahora quieren botar todo".
Además, cuestionó la poca comunicación con el Ejecutivo: "Aquí la información que corre dentro de mi gente es toda la información que ustedes suben a redes sociales. Porque del Gobierno, comunicación directa con nosotros, no la hay".
Pese a la ayuda ofrecida por el municipio, la vocera criticó que "acá hay como 30 familias que todavía no tenemos a dónde irnos. No tienen un albergue a disposición (...) nosotros no tenemos información del albergue".
Luego, afirmó que "yo no me voy a un albergue. (Voy a estar) aquí en mi casa. En mi casa con mi marido o con mi perro".
Catastro de familias
En concreto, ya habría un catastro de 38 familias, cinco de ellas que pidieron ayuda y albergue al municipio, mientras que el total estimado de viviendas asciende a 120.
Sobre el catastro final, el delegado afirmó que "todavía falta gente que se catastre. Hacemos un llamado a que las personas que están faltando vengan a los puestos que tenemos en la municipalidad de Quilpué y también acá con Migraciones".
"Es importante que lo hagan para que sepamos exactamente cuál es la calidad de estas personas, en qué condiciones están y de qué manera podemos ayudarlos socialmente", resaltó.
Además, afirmó que hay algunas personas que ya abandonaron los predios: "No tenemos a ciencia cierta la cantidad de personas que ya se ha retirado, pero sabemos que es un porcentaje de alrededor de un 30%, y nos estamos basando en eso (...) ellos ya tomaron conciencia de que este es un sector de remoción en masa, donde es peligroso estar".
Proceso de demolición
De acuerdo a las bases de la licitación, los trabajos de Río Grande SpA en la toma Calicheros demorarán alrededor de una semana.
Este lunes se llevó a cabo un despliegue policial y de autoridades para incentivar el catastro de las familias que habitan los predios.
En tanto, el martes, ingresará la maquinaria e iniciará el desarme físico que se extenderá por dos días. Una vez concluido, se procederá a la entrega del terreno a los propietarios y se llevará adelante un cierre perimetral de los predios.
Como medidas de ayuda social, desde la Municipalidad de Quilpué han dispuesto de un albergue de 72 horas para las familias que lo necesiten, asistencia para atender la situación de grupos vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores, además de asegurar el cuidado de mascotas y animales de granja.
