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Investigación y defensa del Plan de Búsqueda: Cómo el Gobierno asumió la polémica por detenida desaparecida que estaría en Argentina

Desde La Moneda descartaron que, en el marco de esta política pública, no existiera "proactividad" para recabar antecedentes del caso.

29 de Septiembre de 2025 | 18:00 | Redactado por Daniela Toro, Emol.
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Ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

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Una férrea defensa al Plan Nacional de Búsqueda hizo el Gobierno este lunes, luego que se conociera el caso de Bernarda Vera, mujer que figura dentro del listado de las 1.469 personas detenidas desaparecidas y que, según antecedentes de un reportaje periodístico, estaría radicada en Argentina.

El reportaje de Chilevisión dio cuenta que la mujer habría logrado escapar al vecino país por la cordillera, junto a un grupo de personas. En 1978 Vera habría obtenido un permiso de residencia en Suecia; en 1984 se convirtió en ciudadana de ese país, y en 1999 habría retornado a Argentina.

Así, surgieron duros cuestionamientos al propio Plan Nacional de Búsqueda, a la prolijidad de las investigaciones, e incluso hubo peticiones de salida del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien estuvo a cargo de la cartera de Justicia.

En el parlamento, la oposición cuestionó un eventual "fraude" de personas hacia el Estado, gastos asociados, y hubo anuncios de que se ofició a Contraloría para que se establezca "quiénes estaban al tanto de que (Bernarda Vera) estaba viva, qué montos se le han pagado a la hija a modo de 'reparación' y qué personas fueron condenadas por su supuesto crimen", según dijo el diputado Cristián Araya, de Republicanos.

Desde el oficialismo, en tanto, llamaron a evitar hacer un "juicio político" respecto al tema, y emplazaron a la derecha a "no meterlos a todos en el mismo saco ni frenar la búsqueda", según las palabras de la diputada Lorena Fries (FA).

Con todo, desde el Gobierno han defendido que "falta comprensión" respecto al Plan de Búsqueda, y que sólo el caso de Vera está registrado como que no calificaría como detenida desaparecida, mientras que hay otro caso (Luis Pino Soto), quien fue reconocido como víctima años después.

Cordero apuntó a "falta de comprensión" del Plan


Esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, salió a defender el Plan Nacional de Búsqueda y apuntó a que existe una "falta de comprensión" del mismo.

"Falta comprensión respecto a qué es el Plan. El Plan está diseñado para la construcción de las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada. Yo quiero ser muy cuidadoso: no solo hay que resguardar la verdad, sino que también hay que resguardar la situación familiar de las víctimas. Creo que es conveniente reguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera. Tratar esa información con cuidado y responsabilidad", apuntó.

Asimismo, explicó el proceso de investigación que se desarrolló en torno al caso de Vera en concreto. "El Comité de Seguimiento (del Plan Nacional de Búsqueda) ha sido informado en enero de este año, antes de la respuesta del Estado Sueco", donde se informó que Vera tuvo un permiso de residencia en 1978 y en 1984 se convirtió en ciudadana de ese país.

"El Estado Sueco informó en el mes de mayo, producto del oficio que fue remitido en el mes de abril, dado los antecedentes de la investigación ha arrojado el plan, y además fue complementado en junio", detalló Cordero.

En ese sentido, remarcó que "la información que hoy en día existe sobre la situación de Bernarda Vera, es producto del Plan Nacional de Búsqueda".

Vallejo: "Un trabajo riguroso y sistemático"


Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo durante su vocería de los lunes que "no comparto la hipótesis de que no habría un trabajo proactivo en recabar los antecedentes que están en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, de hecho, por eso tenemos un Plan Nacional de Búsqueda".

En esa línea, recordó que dicho plan no existía, y que se creó como política de Estado "gracias al mandato del Presidente de la República, para hacer que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no sea solamente una acción privada de los familiares, que carguen solos durante décadas, sino que el Estado se involucre proactivamente y de manera profesional, y siempre en diálogo con los familiares y las agrupaciones en derechos humanos".

Debido a esto, dijo la ministra, "hemos podido cruzar antecedentes para que haya congruencia de los antecedentes que hayan a la vista sobre los detenidos desaparecidos como también otros antecedentes que se requerían en otras instancias, con otros países, para poder completar este mapa y dar con el paradero de estas personas detenidas desaparecidas, y gracias a ese trabajo, justamente, este es el único caso que se ha identificado, junto con otro caso de una persona que no estaba considerada en el listado de detenidos desaparecidos y que hoy podemos considerar".

"Es fruto del trabajo responsable, riguroso y sistemático de quienes trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda", subrayó.

Detalle de la investigación


El Ministerio de Justicia, en tanto, entregó esta jornada el detalle de la indagatoria por el caso de Vera, caso que estuvo en manos del Programa de Derechos Humanos por parte del Plan Nacional de Búsqueda.

Dicha investigación, detallaron, comenzó a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado "episodio Liquiñe", a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios.

"Ante esas incongruencias en los relatos, desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, (ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima", agregaron.

En tanto, en abril de 2025 "se vuelve a solicitar información a la Cancillería y en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco".

Justicia subrayó que "si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como 'Bernarda Vera' con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda".

"Adicionalmente al envío de los antecedentes al tribunal competente, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente", detallaron.