Máxima tensión se vive en Quilpué, donde este martes comenzó la demolición de la toma Calicheros emplazada en los terrenos usurpados a la familia del empresario asesinado Alejandro Correa.
La demolición ocurre tras más de un año de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictara la medida para erradicar las viviendas ilegales en en los terrenos privados, permitiendo a la familia Correa recuperar sus terrenos tras más de cinco años de disputas judiciales.
En medio de las faenas que comenzaron cerca de las 07:30 horas a cargo de la empresa Río Grande SpA, continúan los cruces entre el Gobierno y el municipio de Quilpué por la tardanza en la ejecución de la orden judicial.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, mencionó hoy en Radio Pauta que "este es un desalojo que va a marcar un antes y un después, porque de alguna manera lo ordena como demolición la Corte de Apelaciones en agosto del 2024 y la Corte de Apelaciones de Valparaíso es súper enfática. Da 30 días para que el mandante en este caso, el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Serviu, puedan desalojar. No se hizo nada durante aproximadamente unos nueve meses".
La jefa comunal cuestionó que "cuando nosotros llegamos y asumimos la alcaldía, nos dimos cuenta de algunas situaciones que existían pendientes en temas jurídicos y uno de estos nos preocupaba fundamentalmente, porque además la respuesta que había tenido el mandante, que en este caso era el Serviu y él mismo Minvu, era cero catastro, cero contención con la familia, que es lo propio que se hace en la partida de un desalojo".
En esa línea, criticó que "esto tiene que ver expresamente con una falta de disposición a hacer las cosas bien del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Serviu, del Minvu de la región de Valparaíso".
"Si tú hubieses tenido la mínima intención de superar aquello, tú habrías partido con la orden de demolición que se hizo en agosto del 2024 con al menos la intención de catastrar. Pero el último catastro que aquí se hizo fue el que hicimos como gobernación de Marga Marga en ese entonces, exgobernación, hoy día delegación presidencial, y se lo entregamos a las autoridades a menos de un mes que se produjera el desalojo", sostuvo Corti.
Asimismo, lamentó que "hoy día nos encontramos en una jornada que ya es inevitable, que está todo zanjado para que así sea. La empresa entra aproximadamente a las 8 de la mañana. El contingente policial está apostado, son más de 200 efectivos. El área de la municipalidad tiene listo el albergue, tiene lista la coordinación con el SAR para constatar lesiones o algún tipo de accidente que ocurra. Tenemos un puesto operativo desde el área de emergencia (...) y tenemos, sobre todo, la empatía de que aquellos que van a llegar al albergue van a encontrar la contención necesaria".
Descartan falta de voluntad política
Por su parte, el delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, abordó hoy en Radio Universo las acusaciones de "falta de voluntad política" por parte del Ejecutivo para llevar a cabo la erradicación de la toma en Quilpué.
Al respecto, mencionó que "nosotros estamos el día de hoy demostrando que no tenemos ninguna falta de voluntad política. Hay tiempos del Estado que son los que hay que cumplir (...) y luego de hacer las licitaciones, todo eso, pasa un tiempo. Y los tiempos del Estado, todos sabemos que son así. Tienen una demora a veces, pero no es una falta de voluntad. Por el contrario, nosotros tenemos que acatar los fallos judiciales".
Además, puntualizó que "el fallo es de un artículo, el 157, que es bastante especial. Primera vez que se hace esto. Por eso es que en la justicia hay muchas interpretaciones. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que en ese ir y venir de las interpretaciones es que fuimos aclarando la situación hasta que llegamos a tener un consenso definitivo respecto de cómo tenía que operarse esta demolición".
"Para restablecer ese orden urbanístico hubo varias interpretaciones y por eso es que de pronto se tuvo que hacer un trabajo de coordinación jurídico para poder llegar a lo que estamos haciendo ahora", mencionó el delegado presidencial provincial.
Sobre la cifra de personas que ya se han retirado del predio, afirmó que "ayer en la tarde vimos que ya había alrededor de un 50% o más. La verdad es que es difícil poder llegar a un número exacto porque se ven techos desde el aire y no sabemos exactamente cuántos son porque hay algunas bodegas también. Entonces no podemos dar una cifra exacta, pero son aproximadamente el 50-60% que a estas alturas deberían estar afuera".
En relación al despliegue de instituciones en el lugar, sostuvo que "ha llegado un numeroso contingente policial con carros lanzaguas, con equipos más menos pesados (...) adicionalmente a aquello están otras otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Instituto de Derechos Humanos, el Servicio Mejor Niñez y estos agentes de diálogo de Carabineros, que en estos momentos se están realizando esta labor de acercarse a los pobladores, de explicarles que se está haciendo ejecución de un fallo de la justicia".
Despliegue de Carabineros
En el lugar hay cerca de 250 funcionarios de Carabineros desplegados para realizar apoyo preventivo.
La capitán de Carabineros, Javiera García, mencionó que "hasta lo que llevamos al momento ha sido pacífico. Todo la gente está sacando sus cosas, se le están dando todas las facilidades. Carabineros está desplegado con distintas unidades, está Control de Orden Público y agentes de diálogo (...) estamos ahora verificando el tendido eléctrico que este ya no tenga electricidad y para eso se está haciendo peritaje respectivo y posterior a esto ya comenzaría a ingresar la maquinaria".
Cerca de 250funcionarios de Carabineros hay desplegados en el lugar como medida preventiva.
Además, sostuvo que "hasta el momento no hemos tenido ninguna situación violenta ni agresiva por parte de las personas que están acá", y agregó que en el lugar se mantienen "alrededor de 50 personas aproximadamente" retirando sus pertenencias.
Sobre la intervención policial, la capitán afirmó que "nosotros estamos trabajando conforme a un mandato judicial, lo que hemos hecho hasta el momento es estar dialogando, por eso están aquí los agentes de diálogo. No hemos registrado ningún episodio violento por parte de los pobladores, al contrario, y se están dando las facilidades para que ellos retiren todas las cosas que aún les quedan".
También confirmó que la presencia policial se mantendrá durante los próximos días. "Carabineros va a estar realizando tanto el trabajo de estos días, pero también después continúan los patrullajes y seguimiento conforme a lo que indican también los informes de seguridad" para evitar nuevas usurpaciones, sostuvo la capitán.
Asimismo, destacó que "lo que se mantiene es una orden demolición, pero se están dando todas las facilidades para que las personas saquen todas sus cosas, se retiren, sea un trabajo tanto colaborativo y también pacífico y posterior se hará el ingreso de las maquinarias para la demolición de todas las cosas que pudiesen quedar en el lugar".
