El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró hoy incompetente y remitió a Santiago los antecedentes de la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencia y apropiación indebida que indaga el Ministerio Público en el marco del caso Procultura.
En la audiencia de discusión de competencia, el magistrado Hans Durán acogió la incidencia presentada por la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y ordenó la remisión de antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por corresponder a dicho tribunal el conocimiento del proceso.
El juez Durán Vásquez sostuvo: "La presente investigación guarda una conexión territorial y fáctica, exclusivamente con la Región Metropolitana, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde al
Séptimo Juzgado de Garantía ejercer competencia sobre ella. De esta manera no concurre fundamento jurídico que justifica atribuir competencia a este tribunal, toda vez que los hechos objetos de indagación, las instituciones involucradas, los recursos públicos comprometidos y los eventuales beneficiarios se sitúan íntegramente en dicha circunscripción territorial, sin que se haya acreditado vínculo directo alguno con la comuna de Antofagasta".
"En consecuencia, y atendido la necesidad de preservar la garantía constitucional del juez natural y el respeto del principio de juridicidad y la uniformidad en el conocimiento de las aristas conexas del denominado caso convenios, se impone declarar la incompetencia de este Juzgado de Garantía y disponer la remisión inmediata de los antecedentes al Séptimo Juzgado de garantía Santiago, como órgano jurisdiccional predeterminado por ley para conocer de los hechos materia de investigación", añadió.
El tribunal también condenó al Ministerio Público al pago de las costas del incidente.
El abogado Ciro Colombara, defensor de Orrego, comentó que el Ministerio Público fundaron su posición en torno a "instituciones jurídicas inexistentes: ellos sostienen que aquí habrían delitos plurilocales para fundamentar su posición y esa es una institución jurídica, un concepto, que directamente no existe".
"El desafuero no tiene ningún rigor o seriedad jurídica, sino también, en definitiva, que el gobernador Claudio Orrego es absolutamente inocente de los falsos cargos que se le han imputado", cerró.
