Nuevos antecedentes surgen en el caso de la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende que podrían complicar a la exsenadora Isabel Allende.
Entre las personas que han declarado ante el Ministerio Público por el caso, se encuentra el jefe de la división de función pública de Contraloría y que cuando ocurrieron los hechos se desempeñaba como jefe de gabinete de la institución, Alejandro Riquelme.
Según reveló el medio La Tercera, Riquelme relató en su testimonio que el mismo día que el decreto de compraventa ingresó al ente fiscalizador para toma de razón, fue contactado por quien ejercía como jefe de gabinete de la exsenadora, Claudio Hurtado.
Riquelme afirmó que desde el 17 de diciembre, el asesor intentó contactarlo en más de cinco oportunidades durante una semana, solicitándole "tramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra".
A juicio de abogados penalistas, los insistentes contactos podrían dar cuenta de un posible delito de tráfico de influencias debido a que había un interés económico de por medio, la compraventa por casi $1.000 millones.
El abogado Juan Carlos Manríquez mencionó en diálogo con La Segunda que si se comprueban las gestiones del exasesor de Allende, quien hoy se encuentra en calidad de imputada, esto podría impulsar "otras diligencias para precisar cuál era el origen de su insistencia, su finalidad, y cuál pudo haber sido el objetivo final para que esa insistencias surtieran algún resultado, como en la compra del inmueble".
El abogado Mario Vargas Cociña concordó con que "se podría estar en la hipótesis de tráfico influencia".
Esto, ya que el hecho tiene elementos que podrían tipificarlo como delito en la línea de una persona invoque o use su influencia sobre un funcionario público; que lo haga con el fin de que dicho funcionario adopte una decisión administrativa, y que esa decisión genere un beneficio económico indebido para el influenciador o para un tercero.
"Cabe destacar que no es necesario que la influencia sea efectiva, basta la solicitud o la oferta, incluso si el resultado final no se concreta", explicó Vargas.
En ese sentido, también la abogada Catherine Lathrop sostuvo "que el jefe de gabinete de una senadora en ejercicio presione a un funcionario para acelerar el trámite, es indebido. Aquello hace presumir que la urgencia estaba dada porque había claro conocimiento de la irregularidad (...) No es un hecho aislado o intrascendente desde la esfera penal".
Por su parte, Matías Balmaceda, de BCP abogados, acotó que el llamado en si mismo no constituye un delito, pero sí concuerda con que el Ministerio Público podría abrir una investigación por posible tráfico de influencias.
Críticas a abogada de BB.NN.
Cabe mencionar que ayer El Mercurio reveló que Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, afirmó en su declaración ante la Fiscalía que "en la revisión de los documentos olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, por cuanto dentro de sus dueños existía una senadora (Isabel Allende, PS) y una ministra (Maya Fernández, PS), sin embargo, debo aclarar que mí labor principal era realizar un análisis documental del inmueble lo que implica los estudios de títulos".
Al respecto, los abogados penalistas sostuvieron es "insostenible" que un abogado alegue desconocimiento de la norma en algún contexto judicial.
"Existe una presunción en el sistema jurídico y es que la ley se entiende conocida de todos", sostiene Manríquez, quien agregó que se trata de "una cadena de ignorancia tan compleja y extensa, con profesionales que se presumen expertos, que parece poco verosímil".
Asimos, Lathrop afirmó que "desde la óptica penal, alegar desconocimiento de la ley por un abogado es un sin sentido, pues justamente conocer la ley es su función".
"De esta manera, aquel argumento es insostenible como estrategia de defensa, pues el estándar requerido está por sobre la medida del hombre medio, habiendo en consecuencia fundados antecedentes para colegir -sin ser arbitrario- que es muy posible que estemos frente a conductas constitutivas de delito que deben ser sancionadas", cuestionó la jurista.
