La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagaba el escándalo por el mal uso de licencias médicas concluyó su trabajo y, en un documento consensuado entre las distintas fuerzas políticas, dio cuenta de una serie de vulnerabilidades del sistema, además de recomendaciones para reforzar los mecanismos de fiscalización. En las próximas semanas, el informe deberá ser sometido a votación por la Sala de la Cámara.
La instancia se creó tras el informe de la Contraloría General de la República, que detectó miles de casos de funcionarios públicos que viajaron fuera del país durante sus períodos de reposo médico. Posteriormente, se conocieron situaciones de doctores que atendieron en clínicas privadas mientras tenían licencias médicas y de funcionarios que acudieron a casinos durante ese tiempo.
En sus conclusiones, la comisión estableció que "el uso fraudulento de las licencias médicas en el sector público es un problema multifacético y sistémico. No se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales que afectan al Estado de Chile y generan un impacto financiero y de gestión significativo. Se origina en una serie de vulnerabilidades de diseño en el sistema de licencias médicas. Los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) revelaron patrones de abuso que son incompatibles con el principio de probidad administrativa".
Asimismo, la instancia señaló que lo detectado constituye "fraude" y, además, evidenció una "falta de controles internos efectivos en las instituciones", lo que facilita la persistencia de estas conductas.
En esa línea, los legisladores destacaron la falta de interoperabilidad del sistema. Tras las exposiciones recibidas, concluyeron que "no existe una plataforma única que permita el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como la CGR, SUSESO, COMPIN, FONASA y las ISAPRES. Esto genera asimetría de la información, permitiendo que se realicen pagos sin previa verificación".
También identificaron la existencia de incentivos perversos, fragmentación de los controles y problemas en la dimensión ética y médico-profesional, al detectarse prácticas de emisión irregular de licencias, posibles redes de comercialización y comportamientos atípicos de algunos profesionales, lo que compromete la confianza en la profesión médica y en los mecanismos de protección social.
Entre las propuestas, recomendaron impulsar una reforma estructural al régimen de licencias médicas, orientada a homologar el tratamiento entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. El objetivo es uniformar los criterios de otorgamiento, control y fiscalización de estas licencias, reduciendo así las elevadas tasas de ausentismo en la administración pública y asegurando la equidad normativa entre ambos sectores.
Además, plantearon introducir una prohibición expresa al uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, estableciendo dicha conducta como causal de destitución por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa.
Finalmente, el informe incluye un conjunto de recomendaciones para fortalecer la fiscalización y actualizar el listado de proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso Nacional, con el propósito de enfrentar de manera más eficaz este tipo de situaciones.
Visiones dentro de la comisión
El diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) sostuvo que "fue un informe de consenso, fruto del arduo trabajo que realizamos durante 3 meses, donde se escucharon a todas las instituciones, servicios y estamentos que deberían haber aportado en este tema. Estuvo presente la Contralora, la ministra de Defensa, los altos mandos de las FF.AA, entre otros".
El parlamentario agregó que "éste es un tema transversal, que requirió de un trabajo en conjunto. Ya pasó el momento de los diagnósticos. Ahora lo que esperamos es que realmente se concreten las recomendaciones que establecemos en esta comisión, y que tengan repercusión en las políticas de Estado".
"Proponemos, por ejemplo, que se realice una reforma estructural al régimen de licencias médicas, homologando el tratamiento entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Además, que se realicen procedimientos disciplinarios más expeditos; y que se prohíba expresamente sobre el uso fraudulento de licencias médicas por parte de los funcionarios públicos, siendo una causal de destitución", concluyó Ulloa.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Becker (RN) dijo que en este documento se está proponiendo "un cambio estructural del sistema de licencias médicas a nivel nacional de manera que no vuelva a repetirse una situación como esta".
"Es por todo el mundo conocido el hecho de que hay muchas personas que quisieron escapar del sistema público para eludir la responsabilidad. También aquí se sugiere de que las personas que renunciaron a su trabajo para poder escapar a otro sistema, a otra institución pública y no devolver la plata, tengan responsabilidad con respecto a eso. También se establece que, por ejemplo, las personas que en el futuro incurran una situación como esta van a quedar destituidas en forma automática para que se sepa que el que incurre en este tipo de delito tiene una sanción rápida y no esperando a veces investigaciones sumarias que se eternizan en el tiempo y que no resuelven nada", añadió.
