Una ofensiva en contra del ministro de Seguridad,
Luis Cordero, activaron este viernes desde la oposición, a raíz del caso de Bernarda Vera, una mujer que figura dentro del listado de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura y que estaría viviendo en Argentina.
Hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia, llegaron esta mañana dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL), junto al abogado de Derechos Humanos, Max Murath, para dar cuenta de una querella criminal contra el ex ministro de Justicia, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y contra quienes resulten responsables, de lo que acusaron como "un presunto fraude" ligado a este caso.
Al respecto, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, apuntó a la "probidad administrativa de los funcionarios públicos, sobre todo de los altos funcionarios públicos para que estos fraudes no sigan ocurriendo".
Según explicó el abogado Murath la acción judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago apunta "al delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales respecto a la señora Bernarda Vera Contardo (...) y también una acción criminal en contra del ex ministro de Justicia Luis Cordero, por su responsabilidad penal por el delito de prevaricación administrativa por un omisión y también contra la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano" por el mismo delito.
"Consideramos que el hecho de ocular, de esconder y de no denunciar a la Fiscalía y alos jueces, la información que una persona al parecer había sido calificada como detenida desaparecida por la comisión Rettig estaba viva y que producto de eso se estaba obteniendo fraudulentamente una pensión para un tercero, que es un familiar, nos parece grave", recalcó el abogado.
UDI va a Fiscalía
Un rato más tarde en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el diputado de la UDI Jorge Alessandri, junto al abogado Pablo Toloza, presentaron una denuncia contra el ministro Cordero, por presunta comisión de delito al no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina y permitir que su familia siguiera recibiendo ingresos en calidad de víctimas de familiares de detenidos desaparecidos.
"Los funcionarios públicos tienen la obligación cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público", dijo Alessandri, en cambio, el Gobierno, acotó "supo con certeza desde mayo del 2024 que Bernarda Vera estaba en Argentina, que era la misma persona, no lo denunció al Ministerio Público para investigar", señaló Alessandri.
Y agregó que esto "había denunciarlo, porque hay un pago del Estado que se está haciendo a una persona que no lo merecía según la ley, o sea, había un fraude al fisco. La hemos hecho contra quienes resulten responsable, no sólo al Ministerio de Seguridad, en el nombre del ministro Luis Cordero, sino que también nos hemos enterado que sabían en La Moneda, que sabía don Carlos Durán, jefe de gabinete, quizás sabía el Presidente de la República y hemos tenido esta discusión antes, a propósito del caso Monsalve".
El diputado UDI además cuestionó si el embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, sabía del caso o no.
"Cada vez que este caso va creciendo como una bola de nieve hay cada vez más personas que sabían pero no denunciaron", indicó Alessandri.
El abogado Toloza sostuvo que "no son las autoridades quienes tienen que investigar este caso, sino que son los tribunales de justicia y el estatuto administrativo señala que hay fechas perentorias para hacer la denuncia y eso no se hizo. Hay una infracción a las normas legales y al Código Procesal Penal, y eso estimamos que la Fiscalía debe investigar".
