Tras la demolición de la
toma Calicheros emplazada en terrenos de la familia del empresario Alejandro Correa en Quilpué, los ojos se pusieron sobre los asentamientos de este tipo en el país y su futuro.
A juicio de la familia Correa, el dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso corresponde a un "precedente histórico" para hacer valer el Estado de Derecho en el país.
Luego de la demolición de las viviendas ilegales y cierre del predio en Quilpué, se puso sobre la palestra el futuro de otros asentamientos en el país.
Uno de ellos es del caso de la megatoma de San Antonio -la más grande del país-, cuyos dueños de los terrenos usurpados en el Cerro Centinela anunciaron que exigirán a la Corte una fecha definitiva para ejecutar el desalojo de los ocupantes.
Fue el pasado 11 de septiembre que Diego Pereira-Fonfach, abogado de Eduardo Solari y Ricardo Posada, dueños del terreno de 215 hectáreas, solicitó a la Corte de Valparaíso retomar el fallo que ordena la expulsión de las 10.215 personas que ocupan el predio desde 2019.
De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, tras escuchar la versión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sobre el fracaso de las negociaciones, la Corte respondió la petición y ordenó el cúmplase el desalojo.
Sin embargo, el tribunal señaló que es la Municipalidad de San Antonio la que debe coordinar a los ministerios de Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para "implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento".
Ante esta inacción, desde la Inmobiliaria San Antonio -empresa dueña de los predios- anunciaron que "en los próximos días presentaremos un escrito ante la Corte para que se exija a las instituciones mandatadas que informen de los avances en la constitución de los albergues y se fije una fecha para el desalojo de los usurpadores", mencionó el abogado Pereira-Fonfach.
Desde la otra vereda, el Minvu insiste en restablecer las negociaciones con los dueños mediante un sistema de cooperativa de viviendas.
El pasado 23 de septiembre la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, informó a la Corte de Apelaciones a través de un documento de 22 páginas que "como ministerio estamos disponibles al llamado de la mesa de coordinación y reiteramos nuestro compromiso en seguir construyendo soluciones consensuadas que salvaguarden los derechos y las necesidades de todas las partes involucradas".
Asimismo, se detallan que "las cooperativas de vivienda han implementado un plan de ahorro que consideró, por familia asociada, una cuota inicial de $200.000 y una cuota mensual promedio de $50.000 desde abril de este año. Desde el Minvu se ha informado a las cooperativas que, para factibilizar el financiamiento, se requiere que al mes de diciembre-enero cada familia cuente con $1.500.000 a disposición".
Cabe señalar que no se habría logrado acuerdo para efectuar la compraventa del terreno, pese a que la inmobiliaria asegura que redujo el precio del metro cuadrado en varias ocasiones y que incluso accedieron al valor propuesto por el Minvu, que está "muy por debajo del valor comercial". En tanto, desde la cartera arremetieron que la empresa tomó la negociación como "una compraventa más".
En principio, el desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso estaba programado para el jueves 27 de febrero a las 10:00 horas. Se trataba de un plazo final tras una serie de prórrogas y fallos que comenzaron en 2023.
El acuerdo del 24 de febrero permitió volver a retrasar el proceso de desalojo, que se fijó para el 27 de agosto pero luego fue nuevamente pospuesto con la realización de la mesa técnica, la cual fracasó y cuyo plazo finalizó en pasado 3 de septiembre, solicitando el desalojo de las 10.521 personas que conforman los 4.136 hogares emplazados en el Cerro Centinela.
Toma de Alto Hospicio
Un caso similar al de San Antonio es el de la toma Alto Molle en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Este jueves 9 de octubre se cumplirán los primeros tres meses de un total de seis de plazo que la Corte Suprema dio para abandonar la ocupación ilegal.
De acuerdo a El Mercurio, la medida corre para quienes habitan el lote Z dos del predio usurpado desde enero de 2018, tras un recurso de protección interpuesto por la propietaria del terreno de 18 hectáreas, la Sociedad Educacional Inmobiliaria Comercial e Inversiones Belén Limitada.
Los terrenos involucrados están hacia el oriente del Hospital de Alto Hospicio y tenían como objetivo la construcción de viviendas sociales, un proyecto que no llegó a puerto tras la instalación de viviendas ilegales.
Pese a que han transcurrido tres meses desde la orden de desalojo, no habría avance en las gestiones por parte de autoridades, algo que acusan tanto los propietarios como los ocupantes.
El fallo del pasado 9 de julio estipula que la Municipalidad de Alto Hospicio deberá "coordinarse con los ministerios de Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social" para llevar a cabo el proceso de desalojo y definir un espacio temporal de albergue para las familias desplazadas.
Además, se pide velar para que el desalojo se ejecute bajo ciertas condiciones que garanticen "el uso razonable y proporcional de la fuerza pública en el caso de ser necesario, y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas a quienes atañe la medida".
Consultados por el citado medio, desde el municipio aseguraron que "se están realizando las coordinaciones con distintas instancias de gobierno para dar cumplimiento a lo que mandata el fallo, siempre teniendo como centro el resguardo de la integridad y derechos a las familias afectadas".
Asimismo, el delegado presidencial (s) de Tarapacá, Pedro Medalla, sostuvo tras reunirse con los dirigentes del campamento que se están realizando "las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, dentro de las cuales el acercamiento con los vecinos afectados es indispensable para conocer sus posturas e inquietudes".
De acuerdo al abogado representante de los dueños del terreno, Georgo Peftouloglou, del estudio Fontaine & Cía., "debemos reconocer que ha sido lento el avance".
"Vamos a pedir a la Corte de Iquique dar cuenta de las gestiones que se han hecho y de que la misma Corte, formal e internamente, les pida a las distintas autoridades que le den cuenta de cómo van estas programaciones", afirmó.
"Nosotros lo que tenemos que hacer es propender a que la autoridad asuma el deber y cumpla con la orden que le han dado", enfatizó el jurista.
Por su parte, la dirigente del campamento, Mary Contreras, asegura que buscan salidas alternativas al conflicto. "Hemos golpeado muchas puertas pero hasta el momento no hay nada claro respecto de qué pasará con la gente", cuestionó.
A ello sumó que "tampoco han hecho un catastro real de cuánta gente hay involucrada: nosotros contabilizamos 624 familias, pero la municipalidad dijo que no tenía fondos para censar".
Campamento Dignidad en La Florida
El pasado sábado la Municipalidad de La Florida anunció que se realizará un desalojo programado del Campamento Dignidad emplazado en la ribera norte de la Quebrada de Macul debido al alto riesgo de aluvión e incendio que arrojó un informe técnico.
Según detalló la casa edilicia, la orden "se ejecutará durante la semana del 6 de octubre de 2025, con apoyo de fuerza pública y bajo estrictos protocolos institucionales que resguardan la seguridad, el orden y el acompañamiento social de las familias involucradas".
De acuerdo a el catastro del municipio, un total de 194 familias, compuestas por 631 personas, viven en el asentamiento.
Durante el desalojo, la Municipalidad dispondrá en terreno equipos profesionales de las áreas social, salud, seguridad y protección animal, para garantizar una intervención integral y respetuosa.
Según aseguraron, el objetivo es proteger la vida y dignidad de las familias, acompañando a los habitantes en cada etapa del proceso.
