Tras la liberación de
Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, se revelaron una serie de acciones por parte del
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) que habrían aportado a que la Corte de Apelaciones de Coyhaique brindara el beneficio al condenado.
En julio de 2017 que se le dictó a Ortega la condena de 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, cuatro años por el delito de lesiones graves (pena recalificada y que reemplazó al femicidio frustrado) y 541 días por el delito de violación de morada.
Concretada su liberación, solo cumplió un total de ocho años y dos meses de condena, dejando un saldo de ocho años, siete meses y siete días.
Según argumentó la Corte de Apelaciones de Coyhaique, su libertad condicional se basa en una "conducta intachable" y un puntaje e índice de compromiso delictual de 69,2, considerado "bajo" pese a que un informe de Gendarmería calificó como "desfavorable" su liberación.
De acuerdo a un reportaje de BioBioChile, hubo un "abandono judicial" por parte del organismo liderado por Priscilla Carrasco debido a que este año se destituyó a Beatriz Ramírez, la abogada representante de Rifo durante el proceso, y la causa no fue designada a otro profesional.
Por esta razón, Rifo no fue asesorada ni notificada en la audiencia en que el tribunal resolvió la libertad condicional del agresor.
El citado medio consignó que Ramírez se mantuvo suspendida de sus labores desde 2019 por el inicio de un sumario en su contra, lo que provocó que fuera apartada de las causas a su cargo, y que este año se le puso fin con su desvinculación.
Cabe señalar que a fines de septiembre el Juzgado de Garantía de Coyhaique notificó a la jurista de la solicitud del condenado de postular a la libertad condicional a través de su correo electrónico institucional, al cual ya no tiene acceso, y que era la única dirección registrada por el organismo en el expediente judicial.
Por ello, seguían llegando a ese correo las comunicaciones vinculadas a la causa.
"Notifíquese personalmente o por cédula a la víctima (...) a fin de que personalmente o a través de su representante, pueda dar a conocer sus alegaciones (...) ante la Comisión de Libertad Condicional que sesionará en dependencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique el día 6 de octubre de 2025", consignó la instrucción el tribunal.
De acuerdo a la normativa vigente, las víctimas cuentan con cinco días de plazo para responder a las solicitudes, además de solicitar una audiencia para ser escuchadas. Pero en el caso de Nabila nada de eso pasó, ya que ni ella ni el SernamEG se enteraron de la audiencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por lo que no pudieron presentar sus reparos.
Por ello, Ortega fue liberado junto a otros 23 internos se les concedió la libertad condicional y que pertenecían a distintos centros penitenciarios como Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y el Centro de Educación y Trabajo Valle Verde, durante la tarde del lunes.
Condenas desde Mujer
Tras conocerse la liberación, el martes la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó la resolución y afirmó que desde el Ejecutivo buscarán revertir la decisión del tribunal.
"Lo que vamos a hacer, y ya ha instruido para ello la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Priscilla Carrasco), es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe", sostuvo Orellana, agregando que "hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique".
En tanto, el miércoles, la ministra salió a explicar que "la decisión de la libertad condicional es una decisión administrativa y, por lo tanto, ahí lo que corresponde es un recurso de oposición que también va a interponer el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para poder entrar a este debate como representantes de la señora Rifo".
"Lo que nosotras sostenemos es que Nabila no fue escuchada, y la norma sobre el otorgamiento de libertades condicionales establece que la víctima debe ser escuchada. Por lo tanto, lo que queremos es que tenga la oportunidad de dar su opinión respecto a la libertad condicional de quien fuera condenado como su agresor", cerró Orellana.
Misma línea tomó la directora del SernamEG de Aysén, Patricia Baeza, quien afirmó que "el servicio debió haber sido notificado. Eso no sucedió. No tenemos ninguna notificación dentro de las casillas de los correos electrónicos institucionales, y también tras la visita que realizamos a la casa de la señora Riffo, ella también nos indicó que no fue notificada".
Las explicaciones del servicio
Consultados sobre las acusaciones por Emol, desde el organismo señalaron que "SernamEG ha acompañado a la víctima desde el inicio del caso en 2016 actuando como querellantes y representantes durante todo el proceso judicial: ante el Juzgado de Garantía, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique y la Excma. Corte Suprema, instancia en la cual nos opusimos al cambio de tipificación del delito, que pasó de femicidio frustrado a lesiones graves gravísimas".
"Una vez concluido el proceso judicial, el Servicio junto a la Seremi Regional de la Mujer y la Equidad de Género de Aysén, continuó brindando apoyo a la víctima, a través de acompañamiento psicosocial y coordinaciones con otras instituciones, para resguardar tanto su seguridad como la de su familia", afirmaron.
Agregaron que "en cuanto a la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de otorgar el beneficio al condenado, ni la víctima ni el Servicio fueron debidamente notificados".
"En este caso, la exfuncionaria del Servicio a la que se le envío la notificación vía correo electrónico, se encuentra destituida desde 2025 a raíz de un sumario administrativo ajeno a este tema. Cabe señalar, que la resolución respecto de la libertad condicional del agresor exigía la efectiva notificación a la víctima, lo que no se concretó, dado que no fue realizado en su domicilio actual y tampoco se consideró un enfoque inclusivo", sostuvieron.
"Al no garantizar una notificación efectiva, se incumple con una diligencia que se aplica en cualquier audiencia judicial para asegurar la entrega de información clara y oportuna que permita el correcto ejercicio de los derechos de los intervinientes", defendieron.
Añadieron también que "hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a que este caso de alta connotación pública sea abordado con el debido resguardo hacia la víctima garantizando que podamos avanzar en su reparación".
"Reiteramos nuestro compromiso con cada una de las víctimas. Seguiremos acompañándolas, exigiendo justicia y promoviendo cambios que garanticen una vida libre de violencia para todas", cerraron.
