La Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública de Ñuble se encuentra bajo un proceso de investigación interna, luego de una denuncia que apunta a una presunta relación sexual entre funcionarios públicos en el interior de sus dependencias.
Según el medio Crónica Chillán, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, confirmó que la institución adoptó medidas inmediatas una vez conocida la situación.
"Como Seremi de Seguridad de Ñuble, frente a esta situación, las medidas se tomaron desde el primer momento, en torno también a dar cuenta del inicio de un sumario", señaló la autoridad.
Muñoz añadió que el procedimiento administrativo se desarrollará con la mayor rapidez posible, dentro de los márgenes que exige la ley.
"Vamos a dar la mayor celeridad posible en los términos que este proceso administrativo requiere. Toda investigación es reservada, por tanto, cualquier otro pronunciamiento de mi parte puede afectar su desarrollo", precisó.
El seremi reiteró que el organismo actuó de manera inmediata una vez recibida la denuncia, aunque evitó entregar mayores antecedentes por tratarse de una investigación en curso.
Infracción grave
Según indicó Rodrigo Vera Lama, abogado penalista, en el caso de que sea efectivo esto (el encuentro íntimo) pueden configurarse diversas infracciones a la probidad administrativa. "Primero, al estar utilizando bienes públicos (fiscales) para fines distintos a los que correspondan. Y, por otro lado, la Ley de Bases de la Administración del Estado, que se conoce como Ley de Probidad, establece que los funcionarios públicos deben tener una vida social o una conducta acorde a las funciones del cargo. Incluso, los aspectos de la vida privada del empleado público deben conducirse de tal manera que estén al nivel de la función que realiza", detalló el también exfiscal militar, quien también realiza defensa frente a sumarios administrativos.
"No es tan así que en su vida privada puedan hacer lo que quieran. Eso en algunas oportunidades ha sido ventilado en tribunales cuando han existido sanciones expulsivas de gente que ha sido destituida de instituciones. En esa ocasión los tribunales han tenido la posibilidad de señalar que corresponde la expulsión, por considerarse una infracción grave a la probidad", comentó.
Obligatorio
El profesional precisó que la realización del sumario administrativo es obligatorio, al tratarse de un empleado público de la administración civil del Estado, y la infracción se considera grave y existe la posibilidad de decretar la expulsión, en este caso la destitución.
"En esta etapa el funcionario va a tener la oportunidad de formular descargos, y si existe una sanción, él puede presentar una reconsideración ante la misma autoridad y una apelación ante el superior de esa misma autoridad", puntualizó Vera Lama.
