Tras la advertencia desde el Ejército por su estado financiero en medio de la discusión del presupuesto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, atribuyó la condición al uso de recursos adicionales como despliegues en casos de catástrofes y en procesos electorales.
En concreto, fue la semana pasada que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, encendió las alarmas al mencionar ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto que "indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año".
El jefe del Ejército explicó que las dificultades financieras se deben principalmente a tres factores: la rebaja presupuestaria aprobada el año pasado para el 2025 por el Congreso; el aumento salarial para los soldados conscriptos que "no fue asignado en el presupuesto"; y las tareas adicionales que el Ejército ha debido asumir como los despliegues militares en el marco de los estados de excepción constitucional.
Consultado sobre el tema ayer en conversación con Meganoticias, el ministro Cordero explicó que "la ley lo que establece es que el presupuesto de las Fuerzas Armadas sirve para financiar sus operaciones regulares, y que cualquier otras, de hecho la ley las denomina, dice que
en participación de catástrofe o en procesos electorales, tiene que complementarse con recursos adicionales".
"Nosotros en los cinco últimos años hemos estado en recurrentes procesos electorales,
lo que ha significado la participación del Ejército en todos esos eventos electorales, además del despliegue que tiene en la macrozona sur, a propósito del estado de excepción, y en la macrozona norte", sostuvo.
En esa línea, mencionó que "esto es lo que manifestó el comandante en jefe (Javier Iturriaga), y esto es lo que ha hablado el Ejecutivo con el Ejército, y los recursos ya se disponibilizaron la semana pasada, que es que lo que estaba pendiente de las acciones extraordinarias. Por ejemplo, las que estaban asociadas a procesos electorales o catástrofe no habían sido integradas al presupuesto del Ejército, por lo tanto, el Ejército había estado destinando recursos para sus funciones regulares a dicho fin".
Añadió que "creo que la experiencia de los procesos electorales de los cinco últimos años sirven para demostrar cómo un uso intensivo de las Fuerzas Armadas en ese proceso, más allá de los regulares cada cuatro años, suponen una demanda de recursos adicionales considerable (...) lo que quiero decir es que la democracia cuesta dinero. Vivir en sociedad cuesta dinero".
Consultado sobre el tema hoy en diálogo con EmolTV, el ministro explicó sus declaraciones: "Dije eso pero en un contexto de una explicación que es un poco mayor. La ley lo que hace es lo siguiente: establece que las funciones permanentes de las Fuerzas Armadas están financiadas con cargo a su presupuesto, pero la propia ley encamina que aquellas labores extraordinarias deben ser financiadas con presupuesto adicional o extraordinario. Y la ley se encarga de calificar eso".
"Por ejemplo, califica como funciones que no son permanentes la asistencia en catástrofe, o bien, las elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Que durante estos últimos cinco años hemos tenido una elección todos los años. Entonces, el efecto que produce es que ha existido una intensa demanda de las Fuerzas Armadas por volumen, principalmente del Ejército, en labores que no son aquellas que la ley califica de regulares", afirmó el titular de Seguridad Pública.
Sostuvo además que "es incorrecto afirmar que hay un problema de déficit en el presupuesto de Fuerzas Armadas en términos de su estructura presupuestaria. Lo que sí es que, dado el flujo que ha existido por la demanda de estos servicios extraordinarios, el presupuesto tiene que compensarlo. Y ese presupuesto se ha ido compensando con los últimos decretos salieron la semana pasada".
"Yo creo que también hay que interpretar bien al comandante en jefe del Ejército, que dijo en la comisión que el presupuesto para el año 2026 no hay inconveniente, que su preocupación era respecto de los recursos que estaban pendientes de transferencias por estas actividades extraordinarias que ya se han ido complementando", cerró Cordero.
Sin embargo, tras las declaraciones del jefe de la cartera de Seguridad Pública se abrió la interrogante:
¿Cuánto significaron los procesos electorales de los últimos años para las arcas fiscales?
Los costos de los procesos
De acuerdo a números de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Plebiscito Nacional de octubre de 2020 que determinó si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución y el mecanismo para dicho proceso, le costó al país un total de $25.802 millones. En esa ocasión el 78% se inclinó por aprobar dar inicio a un proceso constituyente.
Luego, el 15 y 16 de mayo de 2021 se realizó la elección de convencionales junto con los comicios de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Esta se realizó en dos días debido a las medidas de restricción sanitaria por la pandemia de Covid-19, lo que alzó el gasto total a $50.607 millones.
El reporte final elaborado por la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional detalló que los costos de la instancia entre julio de 2021 y julio de 2022 tuvo gastos operacionales -que incluye, entre otros, mobiliario, equipamiento, manutención, asesorías, traslados, seguridad, honorarios y personal de apoyo- fue de $19.739 millones. En tanto, los de funcionamiento alcanzaron los $24.778 millones.
En detalle, solo la realización del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 tuvo un gasto de cerca de $20.000 millones. En dicha ocasión el 61,9% de los chilenos votó en contra de la propuesta.
Tras el rechazo de la primera propuesta, se realizó un segundo intento para redactar una nueva Constitución: el Consejo Constitucional. Las cifras revelan que, en total, este último proceso costó alrededor de $85.000 millones.
En cuanto a solo la elección de los consejeros en mayo de 2023, se desembolsaron $46.337 millones de las arcas fiscales. En tanto, el plebiscito de salida realizado en diciembre de 2023, alcanzó la cifra de $33.381 millones.
