Esta tarde se constituyó la comisión revisora de la Cámara de Diputados encargada de analizar la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. En la sesión, la diputada Alejandra Placencia (PC) fue elegida por unanimidad como presidenta y se fijó como plazo hasta la próxima semana para que los parlamentarios presenten la lista de invitados que comparecerán ante la instancia.
La acusación fue impulsada por parlamentarios oficialistas luego de que la Corte Suprema resolviera mantener en su cargo al ministro, tras un proceso disciplinario originado por su vínculo y conversaciones con el abogado e imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla.
Junto con Placencia, integran la comisión los diputados José Carlos Meza (Partido Republicano), Hotuiti Teao (Ind.-UDI), Frank Sauerbaum (RN) y Gustavo Benavente (UDI).
Ulloa fue notificado el pasado 9 de octubre y cuenta con 10 días hábiles para presentar su defensa ante la comisión, ya sea de manera presencial o por escrito, por lo que el plazo vence el 21 de octubre. Una vez recibida su argumentación, la comisión dispone de seis días corridos para analizar el fondo del libelo y emitir un informe a la Sala de la Cámara de Diputados, recomendando si la acusación debe o no prosperar.
En ese contexto, si Ulloa presenta su defensa esta semana, la votación del libelo en la Cámara —y eventualmente en el Senado, en caso de aprobarse— coincidiría con la semana distrital (entre el 20 y el 25 de octubre). Esto podría implicar una menor participación parlamentaria, considerando que en ese periodo los legisladores estarán abocados a sus campañas electorales, y los días en sus distritos son claves para su despliegue.
De hecho, cuando se anunció la presentación de la acusación, surgieron críticas al momento escogido, planteando que el proceso debió realizarse después de las elecciones con el argumento de evitar mayor polarización política.
Consultado por los plazos de tramitación y la posibilidad de que coincida con la semana distrital, el diputado Daniel Manouchehri (PS), impulsor de la acusación, afirmó que "la justicia y nuestro deber constitucional no tiene tiempos electorales. Algunos plantean que esto debía haberse hecho después de las elecciones para poder probablemente hacer campaña. El tema de fondo es que tenemos un juez que tenemos la convicción de estar involucrado en distintos casos de falta a la probidad ¿Qué es lo que corresponde? ¿Dejarlo dos meses más en el cargo para que los parlamentarios puedan ir a hacer campaña? A mí me parece francamente ese argumento impresentable".
Añadió que "los tiempos electorales no pueden afectar temas tan importantes como vulneraciones a la Constitución. A los parlamentarios se nos paga el salario durante todo este tiempo, se nos paga la dieta, entonces hay que preguntarle a los parlamentarios que no quieren asistir si ellos esos días van a pedir permiso sin goce de sueldo para no asistir a su deber constitucional que es votar una acusación constitucional en contra de un juez que está afectando la justicia en Chile. Entonces evidentemente yo creo que la primera responsabilidad que tiene un parlamentario es el poder responder a lo que juró ante la Constitución, después viene la campaña".
