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Presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, profundizó este lunes en los hallazgos del informe del organismo, que da cuenta que casi 10 mil funcionarios fueron contratados "exclusivamente" en la Administración Central.
El informe de Transparencia compara las cifras de septiembre de 2023 con las de septiembre de 2024 publicadas en los portales de transparencia de las instituciones indagadas.
El documento evidenció que en el periodo señalado, la dotación total de la Administración del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de más de 9.400 personas.
De este total, 449.443 pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a las municipalidades (47%).
Las cifras relevan que en este período el alza fue exclusivamente en los organismos centrales, que aumentaron casi 10 mil trabajadores, mientras que los municipios mostraron una leve baja de 287.
Cabe destacar que la Administración del Estado comprende tanto la Administración Central del Estado (Presidencia y delegaciones presidenciales, ministerios y subsecretarías, servicios dependientes de estos últimos, entre otros) como las municipalidades.
Gasto del Estado
Respecto a las cifras, González dijo a 24 Horas que "el gasto del personal de Estado, ya sea a nivel municipal y central es bien relevante. Estamos hablando del orden del 22% del presupuesto total ejecutado que la Administración Central se gasta en personal del Estado, y ese porcentaje casi se duplica en los municipio, del orden del 48%".
"Si nos comparamos sobre Latinoamérica, la verdad es que Chile está por sobre varios países de la región; por sobre Brasil, por sobre México y Perú", acotó. En tanto, al comparar con países de la OECD, "ahí estamos en un rango más bajo".
González también levantó las alertas respecto a que la principal figura de la Administración Central es la contrata y a honorarios, pero además comentó que en otra fiscalización, se halló que "hay varios registros múltiples, es decir, personas que están contratadas bajo distintas figuras y en más de una institución".
"Ahí lo que corresponde es ver si esto corresponde a las jornadas de trabajo que tiene que cumplir el sector público, porque cuando sobrepasas esa jornada, podría dar lugar a una infracción al Estatuto Administrativo, y eso lo tiene que ver la Contraloría", subrayó.
De todas formas, remarcó que la figura de "la contrata" no puede superar en un 20% al personal de planta, "y lo que nos damos cuenta con esta fiscalización es que, salvo en Corfo, en casi todos los organismos ese porcentaje está superado, y hay una suerte de infracción al Estatuto Administrativo".
"Sinceremos las reglas de contratación"
A juicio de González, este tipo de fiscalizaciones abren el debate respecto a que "el estatuto del empleo público requiere de una mirada legislativa, requiere de perfeccionamiento, de modernización y que sinceremos las reglas de contratación".
"Hoy día la contrata está siendo la regla general, cuando estamos sobrepasando los límites establecidos del Estatuto Administrativo; tenemos ciertos problemas de rigidez a la hora de desvincular funcionarios públicos, precisamente por el estatuto de planta que existe. Entonces, la invitación a los legisladores, es a revisar ese estatuto administrativo, a actualizarlo y modernizarlo", remarcó.
Consultada por las entidades que deben fiscalizar estos procesos, González apuntó a la Contraloría, a los colegisladores y la sociedad civil, como centros de estudio y entidades independientes.
