Durante los últimos años, los hechos criminales en zonas rurales del país se han ido multiplicando, lo que ha generado un cambio relevante en territorios que antes gozaban de un contexto de seguridad, al menos, en mejor medida que en las zonas urbanas.
Hay ejemplos claros: en marzo de este año, el matrimonio compuesto por Rodrigo González y Carolina Callejas, fue asesinado en su hogar, en la comuna de Graneros. Él era empresario agrícola de la zona, dedicado a la siembra y a los caballos, dueño de la agrícola "Los Cruzados", y ella era administrativa del colegio La Cruz de Rancagua.
En agosto, en tanto, se registró el crimen del ingeniero Michael Peñaloza, en su domicilio en la comuna de
Curacaví, en la Región Metropolitana. El Ministerio Público formalizó a cinco sujetos por los delitos de robo con homicidio, robo en lugar habitado, y delitos de incendio.
Estos crímenes no sólo conmocionan a las comunidades, sino que dejan en claro que existe un avance y uso instrumental de la criminalidad organizada en esos territorios. A todas luces, se trata de un cambio del que la institucionalidad debe hacerse cargo.
Esas complejidades y desafíos son abordadas en el estudio de la Doctora en Gobierno y Administración Pública, Pilar Lizana, experta en seguridad y crimen organizado. El informe fue entregado a la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR), y se centra especialmente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
Diagnóstico
El informe "El avance de la criminalidad en los territorios rurales. Un estudio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, detalla que esta transformación en la seguridad rural se ha desarrollado de manera progresiva durante los últimos ocho años, periodo en que comenzaron a registrarse los primeros hechos violentos asociados al crimen organizado.
Como respuesta institucional, el Poder Legislativo ha conformado una bancada parlamentaria orientada a abordar esta problemática. Hasta la fecha, se han presentado dos iniciativas legislativas con el fin de tipificar y sancionar determinadas conductas delictivas ocurridas en áreas rurales.
"Sin embargo, la legislación nacional carece actualmente de una categoría específica que reconozca los denominados 'delitos rurales'", enfatiza el texto.
Esto es relevante, si se considera que al no existir tampoco un concepto único que defina la "ruralidad", se hace más complejo el desarrollo e implementación de políticas públicas en esta materia.
En un ejercicio de caracterización del mundo rural, el documento destaca que este encarna simultáneamente cultura, desarrollo e identidad nacional, que no sólo puede ser visto como un espacio geográfico, sino que también como "un componente esencial en la solidez institucional del Estado y en la proyección del país hacia el futuro".
El cambio en seguridad en zonas rurales
El informe subraya que la seguridad en el mundo rural se ha enfrentado a un progresivo deterioro, "impulsado por la expansión del crimen organizado y el recrudecimiento de una delincuencia nacional caracterizada por el uso de la violencia".
"Actualmente, se registran asaltos tanto a inmuebles habitados como deshabitados, así como diversas incivilidades, las cuales coexisten con una economía ilícita en crecimiento, sustentada principalmente en el robo de insumos agrícolas y agroindustriales, maquinaria, producción, infraestructura eléctrica y comercio ilícito", señala.
Sobre esto, el Fiscal de la región de O'Higgins, Aquiles Cubillos, dijo en marzo a Emol que quienes cometen estos delitos "son sujetos que están insertos en el mundo rural, conocedores de otros agricultores inescrupulosos que están dispuestos a comprar productos robados, obviamente, para abaratar costos".
Otro tipo de fenómeno es el comercio ilícito producto de robo a locales comerciales, que es desarrollado ya sea en las inmediaciones de los mismos locales o en otros puntos de la comuna.
Sofisticación de las organizaciones delictivas
En ese contexto, el informe hace hincapié en que "llama la atención la creciente sofisticación de las organizaciones delictivas dedicadas al robo de bodegas y predios, grupos predominantemente de origen nacional, éstos muestran gran coordinación y uso de tecnología en sus métodos para obtención información estratégica destinada a la planificación y ejecución de actividades ilícitas".
Paine observa con preocupación la llegada del delito de secuestro; mientras que, Talagante ha experimentado un aumento sostenido de homicidios; y en Colina se han consolidado prácticas de asaltos coordinados y robo de vehículos".
Estas estructuras criminales han desarrollado capacidades avanzadas de inteligencia territorial, orientadas a recopilar datos clave sobre las condiciones operativas y seguridad de los terrenos que buscan robar, incluyendo el uso de drones para vigilancia remota, la cooptación de trabajadores que entregan información interna, o vigilancia terrestre por parte de observadores situados en caminos colindantes. En algunos casos, se han llegado a identificar el uso de figuras aparentes de agricultores como fachada para encubrir a delincuentes especializados.
"A todo esto se ha sumado una diversificación delictiva significativa. Aparecen la bandas que procesan y venden droga y los talleres ilegales destinados a la modificación y fabricación de armamento, configurando así un panorama delictual de alta complejidad y creciente amenaza para la seguridad en el mundo rural", añade el reporte.
Las zonas rurales también enfrentan la convergencia del asentamiento de las organizaciones criminales extranjeras, que se instalan en esos territorios para aprovechar una menor visibilidad institicional -como es el caso de Los Piratas de Aragua, con células en Graneros y Talagante-, y la transformación de grupos delictivos locales, que han aumentado su violencia y complejidad operativa.
Por cierto, el ecosistema criminal que aqueja al mundo rural no los afecta en la misma dimensión. "En las comunas rurales contiguas a áreas metropolitanas se evidencia una mayor violencia asociada a los delitos y la aparición progresiva de nuevas tipologías criminales", señala el texto.
"Paine observa con preocupación la llegada del delito de secuestro; mientras que, Talagante ha experimentado un aumento sostenido de homicidios; y en Colina se han consolidado prácticas de asaltos coordinados y robo de vehículos", ejemplifica.
¿Qué facilita el crimen en el mundo rural?
El informe detalla que existen varios elementos que facilitan que el crimen se instale y avance en el mundo rural, pero son cuatro los que destacan: en primer lugar, la debilidad institucional del Estado para responder de manera eficaz y diferenciada; en segundo lugar, las características geográficas y
demográficas que dificultan la
vigilancia y el control.
En tercer lugar, el efecto de la presión en zonas urbanas, que traslada dinámicas criminales hacia lo rural; y en cuarto lugar, las oportunidades económicas ilícitas vinculadas a la producción y circulación de bienes en estos territorios.
La violencia en cifras
El documento agrupa delitos en tres grandes categorías. Así, la violencia corresponde a homicidios consumados, robo violento de vehículo motorizado y robo con violencia e intimidación.
Luego está la categoría de criminalidad compleja, que incluye delitos asociados a las drogas, delitos asociados a las armas, decomisos de drogas a nivel regional y receptación. Y la tercera categoría corresponde a delincuencia común, esto es, abigeato, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado e incivilidades.
1.000% creció el delito de homicidio consumado en Talagante, entre 2018 y 2024
En cuanto a la violencia, de las tres regiones que conforman la macrozona centro, las comunas de Limache, Cartagena, Colina, Graneros, Melipilla y Talagante registran los índices más altos en homicidios, robos con violencia y robos de vehículos.
Particularmente, en la Región Metropolitana, Colina y Melipilla destacan por alzas significativas en homicidios (133% y 175%, respectivamente),
mientras que Talagante aparece como la comuna con mayor aumento de homicidios consumados con un incremento registrado del 1000% en este delito entre 2018 y 2024.
En cuanto a los robos de vehículos motorizados, Buin, Colina, Concón, Limache, Lampa y Mostazal se ubican como aquellas zonas donde predomina este tipo de delito. "Destaca particularmente el caso de Mostazal, una comuna con un bajo número de robos de vehículos motorizados en comparación con las demás, pero con un aumento porcentual aproximado del 400%", detalla el documento.
Criminalidad compleja
En cuanto a la criminalidad compleja, y especialmente respecto a delitos asociados a armas, el informe subraya que 34 de las 76 comunas que forman la macrozona centro presentan aumentos de más del 100% de este tipo de delitos, es decir, el 44% del territorio.
En materia de drogas, las comunas de Mostazal (800%), San Pedro (400%), La Estrella (300%), Juan Fernández (200%) y Litueche (100%), presentan aumentos significativos de los delitos asociados a las drogas entre 2018 y 2024.
Asimismo, se detalla que los decomisos de drogas en las regiones estudiadas (Valparaíso, RM y O'Higgins) presentan aumentos en todas ellas, destacando en particular la región de Valparaíso, con un incremento del 136% en el mismo periodo.
En cuanto a la receptación, las comunas de Calle Larga (250%), María Pinto (450%) y Doñihue (650%) lideran con los mayores aumentos de sus regiones.
Delincuencia común
En materia de delincuencia común, son pocos los aumentos llamativos. Vale la pena mencionar que, en cuanto al abigeato, delito eminentemente rural, éste presenta pocos incrementos, sin embargo, crece de manera importante en Llay Llay (300%), Peñaflor (400%) y Pumanque (500%).
Un hallazgo relevante corresponde al aumento de delitos en comunas pequeñas y menos visibles, que tradicionalmente no habían sido consideradas focos de criminalidad.
Ejemplos de ello son La Estrella, Peumo, Lolol , Marchigüe, La Ligua, Nogales, San Pedro y Chimbarongo. "Estos casos reflejan la penetración progresiva de delitos rurales tradicionales en comunas de menor densidad poblacional, muchas veces con capacidades institucionales limitadas", detalla el texto.
Desafíos
Frente a los desafíos, el texto apunta a la necesidad de fortalecer las capacidades locales en materia de seguridad. Varios alcaldes han apuntado la escasez de personal especializado en esta materia, lo que incluye jefes de seguridad, operadores de cámaras de vigilancia o funcionarios con competencias técnicas en gestión de compras y licitaciones de productos y servicios de seguridad.
Otro desafío incorpora el cerrar las brechas jurídicas en materias de seguridad en la ruralidad. "Si bien la legislación chilena define con precisión las figuras delictivas en su Código Penal, la ausencia de una tipificación jurídica específica de los delitos rurales constituye una limitación significativa para abordar de manera diferenciada los problemas de seguridad en estos territorios", detalla el documento.
En tercer lugar, se requiere una institucionalidad de seguridad local. "En la actualidad, los municipios se han convertido en actores estatales de primera línea en materia de seguridad, particularmente en territorios rurales".
"En estos contextos, la figura del alcalde adquiere una relevancia singular, dado que la cercanía con la comunidad hace que los vecinos recurran a él como autoridad de referencia inmediata, incluso por sobre otras instancias estatales. En este marco, las herramientas de gestión
disponibles y la institucionalidad municipal en seguridad adquieren una importancia estratégica para la percepción y efectividad de la respuesta frente al delito", enfatiza el informe.
