Una serie de diligencias impulsa la Fiscalía para determinar la trazabilidad total de los recursos que el Estado le entregó a la fundación Procultura para una serie de proyectos, en siete regiones del país, por más de $6 mil millones. La sospecha del equipo de fiscales apunta al eventual uso irregular de fondos, pues habrían tenido, presuntamente, el destino para el cual fueron entregados y eso podría constituir, de acreditarse en la causa, fraude al fisco. Pese a acceder en una primera instancia a la cuentas bancarias de la fundación, directivos y otros asociados, fue rechazada su intención de ampliar el periodo a analizar. El Mercurio accedió al peritaje contable n° 419, el último de la PDI, que sustentó el requerimiento y a los detalles de las posibles inconsistencias detectadas. La Fiscalía intenta determinar si el dinero estatal asignado "fluyó" a cuentas particulares o incluso a campañas políticas, dado que los detectives advierten que las rendiciones de Procultura no permiten tener claridad sobre el uso y destino de fondos.
