El escándalo por el sobrecobro en las cuentas de electricidad no solo involucra a las empresas generadoras, sino que también alcanzó a las transmisoras, en particular a Transelec. En este caso, se trata de un error distinto al que desató la controversia inicial.
Según explicó el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, el problema habría sido cometido por Transelec y derivó en cobros adicionales por cerca de US$100 millones. "Nos hemos puesto en contacto con esa empresa. Ellos han mostrado su disposición a compensar", sostuvo el secretario de Estado.
Posteriormente, fue la propia compañía la que informó que este error había sido notificado hace un año al Ministerio de Energía, cuando estaba encabezado por el exministro Diego Pardow. Además, a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional.
Esta nueva arista generó duros cuestionamientos desde el Congreso Nacional.
La diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, señaló que "esto parece una broma de mal gusto. Si es cierto lo que dice Transelec, se escondió por un año este otro error. El Ministerio tiene que aclarar a la brevedad si esto es cierto".
En tanto, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que "hoy se sabe que ahora las transmisoras estaban cobrando de más, pero esta vez la empresa privada le tuvo que avisar al Estado, que es el regulador, que había un cobro en exceso y que van a devolver la plata. Cuando nosotros decimos que queremos un Estado eficiente, es un Estado que haga la pega, y no uno que pase por alto, que ya le están cobrando a los chilenos, durante el año pasado cerca de 230 millones de dólares adicionales".
El parlamentario agregó que "es un hecho gravísimo que debe ser transparentado por parte del Ministerio y al mismo tiempo aclarado, porque la ciudadanía ha pagado cuentas millonarias en los últimos meses y, al parecer, parte importante de este sobrecosto era simplemente porque desde el Ministerio de Energía no fueron capaces de hacer bien la pega".
Por su parte, el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) acusó que la situación "es absolutamente impresentable". "Llevan más de un año sin hacer el trabajo, cuando fue la misma empresa la que les señaló que debían recalcular las tarifas que estaban cobrando. Esto es algo que amerita una investigación más profunda", agregó el legislador.
Finalmente, señaló que "hacer valer las responsabilidades no es solamente una opción, es el deber que tiene hoy día el Gobierno. Espero que no tengan la desfachatez de andar culpando a terceros por su incompetencia".
Por otro lado, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) dijo que "ahora se suman 100 millones de dólares al daño causado a la economía de las familias de nuestro país, esto obliga al Gobierno a ponerse del lado de las familias y sancionar a las empresas abusadoras con el término de las concesiones de las que son titulares, sin perjuicio de estudiar la aplicación de la ley de delitos de cuello y corbata en lo que fuere pertinente".
"Esto es gravísimo y para restaurar la confianza pública se deben tomar medidas contundentes, sancionar a empresas abusadoras y remover a funcionarios públicos negligentes, en la medida en que haya existido negligencia, y no una cierta colusión entre quienes han dañado tan gravemente la economía de las familias de nuestro país", concluyó.
