Fallo de SQM: Fiscalía rechaza que sea una "derrota", critica actuar de imputados y explica altos costos del juicio

Fallo categórico en contra de la Fiscalía. Eso fue lo que ocurrió hoy, cuando la magistrada María Teresa Barrientos leyó la resolución que determinó absolver a los 8 imputados por el caso SQM.

Para expertos, "la mayor derrota" del Ministerio Público, considerando que duró 10 años la causa, que se realizaron grandes costos y que finalmente nadie fue declarado culpable.

Sin embargo, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se niega a verlo así. "Yo no hablaría de una derrota para la fiscalía y en particular para la fiscalía regional de Valparaíso. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación después de haber iniciado la causa el año 2015".

Sobre esto, profundizó que "no es el mejor resultado, no es el resultado que nosotros esperábamos, y eso lo lamentamos, pero yo no puedo tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Para mí, el hecho de haber convencido a una magistrada de que aquí se rindió prueba suficiente, que dio cuenta de la existencia de cientos de documentos tributarios falsos, de que se incorporaron maliciosamente a la contabilidad de SQM, que solo quien tuvo la decisión de aprobar esos pagos fue el señor Contesse, y que eso configuraba el delito tributario".

Agregó que "nos llama profundamente la atención que en el voto de mayoría las magistradas no se hacen cargo, al menos por ahora habrá que revisar la sentencia, de la prueba rendida para estimar por qué no la no resultó creíble para ellos. Señalaron que los documentos tributarios no se había aprobado su falsedad. Decenas de testigos declararon el juicio señalando que no prestaron los servicios".

Críticas a imputados

Perivancich además criticó el actuar de las defensas de los imputados. "Se presenta esa acusación en julio del 2018, y señalo los tiempos para lo que ustedes han escuchado hoy día respecto de la alegación, de no haber sido juzgado en un plazo razonable. Esa acusación, una vez presentada al ministerio público, hizo todo lo que estuvo de su parte para agilizar el desarrollo del procedimiento. Iniciamos la audiencia de preparación de juicio oral en pandemia. Las defensas que hoy día alegan la afectación de ese derecho, en particular, puedo recordar la defensa de los señores Marco Enriquez Ominami y Cristian Warner, se opusieron a que se desarrollara en forma remota la audiencia de preparación de juicio, incidentaron el inicio de la misma en reiteradas oportunidades".

Sobre esto mismo, apuntó que "luego, cuando por fin se inicia, la mayor parte de las defensas sostienen una alegación de incompetencia, es decir, después de tres años de investigación estimaron que ese tribunal no era el competente. Esas son las cuestiones que en el día a día retrasaron la posibilidad de llegar en un tiempo más acotado al desarrollo del juicio oral".

"Esos antecedentes nosotros estimamos que en el desarrollo del juicio fueron debidamente acreditados, y así lo recogió el fallo de minoría, y por eso también lo relevo, señalando que dio por establecido la existencia de los delitos tributarios de prácticamente todos los acusados, menos una de ellas en el ámbito del delito tributario, y además estimó acreditado el delito de cohecho de parte del señor Longueira y soborno a su turno de parte del señor Contese. Eso para nosotros es una garantía de que la prueba se rindió y permitió la convicción de una jueza, quien realizó la misma labor que las restantes, habiendo escuchado, habiendo mediado la rendición de la prueba durante todo este período de tiempo".

También se refirió a las complicaciones que dijo que hubo en el proceso. "La dificultad propia es la de llevar una causa con mucha información, con muchos antecedentes, encontrarnos en Valparaíso, tener que viajar a Santiago, pero como ustedes verán, hoy en día eso sigue ocurriendo. Las causas de connotación suelen ser entregadas por el fiscal nacional a un fiscal regional, que a veces no corresponde al del lugar en donde los hechos tuvieron domicilio. No es un error. Es una manera de relevar la entidad, la gravedad de ciertos de ciertas investigaciones, y entregarle la responsabilidad de ellas a un fiscal regional".

Juicio caro

También tuvo palabras ante las críticas que señalan que los 10 años de juicio significaron más de 2 mil millones de pesos gastados. Y si hay opción que se les cobre al Ministerio Público las costas.