El fallo absolutorio a los ocho imputados por el caso SQM, -entre ellos, Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira-, ha dejado un manto de cuestionamientos en torno a la forma en que la Fiscalía encauzó la indagatoria.
De hecho, fue el propio tribunal el que ayer, en la lectura de la sentencia absolutoria, apuntó a la "poca prolijidad" del Ministerio Público que afectaron el "derecho de defensa" de los imputados, y que se vulneró a el derecho a ser juzgados "en un plazo razonable".
Sobre este tema, el rector de la UDP y columnista, Carlos Peña, repasó -en una carta a El Mercurio-, las lecciones que emanan del controversial caso que hace 10 años puso en el debate el financiamiento irregular a la política, así como también el rol de los fiscales.
"¿Qué pudo ocurrir para que una indagación y un juicio posterior mantuvieran en suspenso la vida y el prestigio de varias personas durante más de una década?", plantea Peña.
En esa línea, sostiene que "la explicación más sencilla de lo anterior es la impericia, la torpeza de quienes llevaron adelante la investigación y posteriormente el juicio. Pero quizá exista otro factor que se ha destacado poco. Se trata de una cierta manera de concebir su quehacer por parte de muchos fiscales -y este rasgo fue especialmente acusado en el caso SQM, al extremo de que su estela llega hasta hoy-, quienes suelen confundir su quehacer, consistente en la persecución penal, con una función de aleccionar moralmente a la ciudadanía y enseñar la forma éticamente correcta en que deben funcionar las instituciones".
Agrega que "la distinción entre la moral y el Derecho, tratándose de quienes tienen en sus manos la persecución penal, es fundamental: ellos deben evitar que sus convicciones morales o políticas nublen su racionalidad y les impidan mirar con escrúpulo los hechos. Ser fiscal impone un deber de sobriedad y de ascetismo racional".
"Ese rasgo que asomó una y otra vez en este caso se observa en la conducta, las declaraciones y la actitud de muchos fiscales que usan su cargo para, como digo, aleccionar moralmente a la ciudadanía y de paso configurar una cierta personalidad pública"
Carlos Peña
"Ese rasgo que asomó una y otra vez en este caso se observa en la conducta, las declaraciones y la actitud de muchos fiscales que usan su cargo para, como digo, aleccionar moralmente a la ciudadanía y de paso configurar una cierta personalidad pública (como se observó desde temprano en el caso del financiamiento ilegal, donde a la calificación legal seguía la metáfora moral) indica una grave confusión en el quehacer que les corresponde, que no es otro que investigar con reflexión y sin ira (sine ira et studio) como aconsejaba Tácito, la conducta que aparenta haber infringido la ley", subraya.
Así, remarca que un conjunto de personas, políticos de izquierda y de derecha entre ellos, "vieron su vida suspendida y su prestigio lastimado cuando, se sabe ahora que no había ningún reproche legal que hacerles".
"Se dirá que la verdad jurídica no es igual a la verdad real; pero se trata de un argumento inaceptable que de nuevo esgrime un punto de vista moral para resistir a la ley y que olvida que en una sociedad abierta lo único que podemos exigirnos de manera recíproca, con prescindencia de nuestras convicciones, es el respeto del Derecho", zanjó.
