El Partido Comunista (PC) expresó públicamente su preocupación por lo que considera una "evidente desigualdad" en el tratamiento político, judicial y electoral hacia el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
A través de una declaración pública, la colectividad cuestionó el actuar de las autoridades y advirtió sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales.
Según el texto, el 10 de octubre el PC ingresó una solicitud al Servicio Electoral (Servel) para reincorporar a Jadue al padrón electoral. La gestión se fundamentó en que, dos días antes, el cierre de la investigación en su contra había quedado sin efecto, lo que -a juicio del partido- "ratifica que conserva sus derechos ciudadanos".
Sin embargo, tras 14 días sin respuesta y tres gestiones presenciales realizadas por el abogado patrocinante de Jadue, el PC manifestó su inquietud por la demora del organismo. "Este retraso vulnera el principio de igualdad ante la ley y afecta directamente el derecho a la participación política", señala el texto.
El partido recordó que dicho derecho está consagrado tanto en la Constitución como en tratados internacionales ratificados por Chile, y reafirmó su postura institucional frente a lo que considera una omisión injustificada por parte del Servel.
Críticas al sistema electoral y judicial
En otro pasaje de la declaración, el PC afirmó observar "con indignación la evidente diferencia de trato hacia nuestro compañero Daniel Jadue en relación a otros casos de connotación pública". Según el partido, en situaciones similares, otros candidatos han podido ejercer sus derechos políticos y postular libremente, incluso con procesos judiciales en curso.
En contraste, denuncian que a Jadue se le impide participar en un proceso democrático mientras aún se encuentra en etapa de investigación y sin condena alguna. "Esta situación vulnera el principio de presunción de inocencia y establece un preocupante precedente de discriminación política", advierte el documento.
La colectividad profundiza su crítica al señalar que "esta diferencia de trato refleja una justicia desigual", y sostiene que los sectores populares y quienes representan proyectos de transformación social enfrentan barreras y persecución institucional, mientras otros "gozan de privilegios y protección".
Finalmente, el PC rechaza "categóricamente esta doble vara" y exige que las instituciones actúen "con la misma celeridad y objetividad en todos los casos, sin sesgos políticos ni discriminación".
