Gran controversia provocó el informe preliminar del 9° Estudio de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre educación superior, el cual dio cuenta de deficiencias estructurales del sistema.
El análisis se aplicó a 126 entidades de educación superior con matrículas vigentes, entre las que hay 55 universidades, 31 institutos profesionales y 40 centros de formación técnica (CFT).
A juicio de la FNE, habría limitantes que afectan la libre competencia y la toma de decisiones de los estudiantes, en un contexto marcado por el alza en los precios de las carreras y el ingreso a estas, además de una disminución del número de instituciones.
¿El principal problema? Las casas de estudio han presentado fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes. Por ello, el organismo alertó de que el ingreso a la educación superior no necesariamente eleva las posibilidades de encontrar empleo ni de alcanzar una remuneración superior en comparación a que no hayan cursado alguna carrera.
Falta de información y decisiones mal orientadas
Como hallazgo principal, la Fiscalía advirtió que los postulantes enfrentan una oferta de información incompleta o poco útil para tomar decisiones informadas.
Según el estudio, las instituciones no entregan los elementos necesarios para que los estudiantes evalúen aspectos económicos relevantes antes de ingresar a una carrera como la empleabilidad, los ingresos o las tasas de deserción.
"Pese a las complejidades que involucra optar por una carrera, esta decisión se prepara poco, haciendo un uso limitado de las herramientas informativas disponibles", señaló el documento, advirtiendo que dichas deficiencias afectarían el funcionamiento competitivo del sistema.
Sumó también una "excesiva fragmentación" de la oferta académica, ya que instituciones ofrecen más de 5.000 programas de pregrado, muchos de los cuales son similares en contenidos y habilidades, pero se presentan bajo nombres distintos.
Según el organismo, esto "dificulta innecesariamente la elección de una carrera" y podría provocar confusión entre los postulantes al momento de elegir una carrera.
Menos rentabilidad de egresados y reducción de instituciones
En concreto, el informe de la FNE determinó el valor económico de los programas educativos, donde el 35% de las carreras actualmente ofrecidas en el país presenta un retorno económico negativo, y que la proporción de estudiantes que opta por estos programas ha aumentado, pasando de un 20% en 2012 al 40% en 2023, es decir, dos de cada cinco.
El organismo planteó que las prioridades de los estudiantes evolucionan con el paso del tiempo: al elegir una carrera predominan sus motivaciones vocacionales, pero cuando ingresan al mercado laboral adquieren mayor relevancia los beneficios económicos.
35%de las carreras ofrecidas en el país presenta un retorno económico negativo a los egresados.
Cabe mencionar que el estudio abarcó también la cobertura del sistema de educación superior considerando la tasa bruta de matriculados y la población de 18 a 22 años en el país, asumiendo que muchos no ingresan a una carrera inmediatamente después de egresar de la enseñanza media. El cálculo señaló que la cobertura puede superar el 100%.
Sin embargo, el informe de la FNE alertó de que durante la última década el número de instituciones se redujo sustancialmente: en 2007 habían 182, cifra que bajó a 126 en 2024, un 30% menos.
Según consignó el informe, el número de centros de formación técnica (CFT) pasó de 84 a 25; el de universidades privadas de 45 a 37; y el de institutos profesionales de 37 a 31.
Alza de aranceles
A estos factores se suma el alza de aranceles. De acuerdo al análisis, "entre 2013 y 2022, los ingresos por aranceles aumentaron de 3,7 a 4,6 billones de pesos, en términos reales, mientras que el ingreso promedio por estudiante creció desde 3,3 millones en 2014 a 3,6 en 2022 un 9%".
A ello se suma que "a nivel agregado, el arancel de lista promedio, en términos reales, subió 26,4% entre 2010 y 2024 (de 2,35 a 2,97 millones), con señales de estabilización desde 2020".
El estudio señaló que "al segmentar por tipo de institución, los aranceles de lista son más altos en universidades privadas y estatales y menores en CFT e IP".
Según los precios publicados por cada entidad y analizados por la fiscalía, entre 2010 y 2024 las universidades estatales han aumentado sus aranceles promedio en 32%, pasando de $2,88 millones anuales a $3,8 millones; mientras que en el mismo periodo las instituciones privadas pasaron de $3,36 millones a $4,21 millones, subiendo sus costos anuales un 25%.
En tanto, los CFP elevaron sus cobros promedio por año a cada estudiante en un 41%: pasando de $1,78 millones a $2,44 millones. En el caso de los IP, la cifra alcanza el 33%: desde 1,78 millones a $2,37 millones.
Impacto de la deserción y carreras con retorno negativo
De acuerdo al informe, la falta de competencia entre instituciones "aportaría" a la deserción y retornos negativos de estudiantes, provocando impactos económicos en familias chilenas y para el Estado.
Para ello se tomó como referencia el año 2015 y así analizar la cantidad de desertores del sistema en un plazo de 10 años. El resultado: la deserción alcanzó un 12,5% en el caso de quienes ingresado a universidades y de un 25% entre los que cursaban una carrera en alguna institución técnico profesional.
El informe constató que la deserción estimó un costo anual de US$267,5 millones (a valor actual), además de proyectar que una reducción de dicha tasa podría generar un ahorro de US$26,7 millones en un año.
Asimismo, se consignó que asumiendo que un 10% de los alumnos que se matricularon en carreras con retornos negativos en 2023 tomaron la decisión de una trayectoria con una rentabilidad mayor o igual a cero, se podría general un beneficio de al menos US$825 millones anuales, consignó El Mercurio. Dicha cifra equivale al 12% de los ingresos del sistema de educación superior en ese año.
El análisis de expertos
El análisis de la FNE identificó rigideces normativas que obstaculizan la competencia. En conversación con El Mercurio el exministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC), Harald Beyer, mencionó al respecto que "los problemas centrales en la educación superior no parecen tener que ver con ausencia de competencia" y añadió que "la información ofrecida no es demasiado robusta".
El también exrector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) coincidió con el informe sobre que efectivamente falta más información disponible a las familias, además que las carreras deberían ser más breves.
En esa línea, señaló que "el sistema de educación superior no ha entregado información mas precisa respecto del retomo salarial de los distintos programas, de modo de advertir a quienes toman esos programas su realidad".
A su juicio, "hay evidentes fallas de información y de regulación que generan inercias que impiden que se alcancen equilibrios superiores. Son estas las que permiten que los retornos económicos de varios programas sean negativos. Eso es algo sobre lo que hay evidencia hace rato (...) la alta probabilidad de un retorno negativo en los ingresos de los estudiantes tiene que ser conocida. En caso contrario, no hay incentivos para que las instituciones de educación superior innoven y mejoren".
Sobre la duración de carreras, sostuvo que hay "una excesiva especialización de los programas de pregrado que en un mundo dinámico como el que estamos viviendo es inadecuado. Mucho del conocimiento adquirido puede caer rápidamente en obsolescencia" y señaló sobre la recomendación de la FNE que "parece indispensable actualizar las definiciones legales en cuanto al sistema de títulos y grados".
Por su parte, el economista Sergio Urzúa dio cuenta de la situación en 2012, donde a través de un estudio publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) alertó de que el paso por la educación superior "puede no significar mejores condiciones económicas que las que hubiesen tenido en caso de no haber pasado por él".
Urzúa, que actualmente es investigador de Clapes UC y de la Universidad de Maryland, cuestionó a través de una carta enviada a El Mercurio que su estudio de hace 13 años dio cuenta de que "dependiendo de la opción tomada, un título podía significar peores condiciones económicas respecto de las disponibles en caso de comenzar la vida laboral como egresado de educación media. Desde entonces, el Estado de Chile ha destinado millonarios recursos a financiar la educación superior sin atender esa realidad. La política de gratuidad es el emblema. Frente a la heterogeneidad de retornos y obviando las alertas, esta fue como un tratamiento de conducto realizado en la muela incorrecta".
"Dependiendo de la opción tomada, un título podía significar peores condiciones económicas respecto de las disponibles en caso de comenzar la vida laboral como egresado de educación media".
Sergio Urzúa, economista investigador de Clapes UC y de la Universidad de Maryland
El académico sostuvo que "ojalá esta vez el tema sea abordado de una forma distinta. Primero, hay que ser cuidadoso. La evidencia no implica que todo título de educación superior no valga la pena o que sencillamente ir a la universidad no paga. Esa interpretación sería errónea. Y es que, tal como se concluía en 2012, un sistema de educación superior contribuye a la movilidad social en la medida que la formación que entregue sea pertinente y de calidad".
"Lo que si indican estos resultados es que hay que hacerse cargo de preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el retomo de los gigantescos recursos públicos destinados a la educación superior durante la última década? ¿No terminó propiciando el Estado que estudiantes ingresaran a carreras con rentabilidad negativa? ¿No fue eso fuente de frustración casi segura?", cuestionó Urzúa.
En esa línea, agregó que "frente a la veloz revolución tecnológica, la amplia intervención del Estado en educación superior, ¿ayuda o daña la modernización de las carreras? Y la pregunta del momento, ¿es el FES la solución a todos los problemas u otra idea equivocada que busca asignar miles de millones de dólares públicos sin atender los problemas de fondo del sistema?".
Rectores cuestionan barreras
Cabe señalar que la FNE enfatizó en que las barreras de competencia afectan especialmente en universidades estatales, cuya gestión se encontraría limitada por marcos administrativos poco flexibles.
Para ello, el estudio recomendó revisar el mecanismo de asignación del Aporte Fiscal Directo (AFD), que actualmente se distribuye con criterios históricos, sin considerar indicadores objetivos de desempeño o equidad.
Al respecto, Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile (UCh), subrayó que el informe de la FNE analizó la educación superior como un mercado, lo que "obedece a una perspectiva parcial de la educación, pues los fines de la educación superior no son solo aquellos que pueden evaluarse a través del retorno económico individual".
"Si bien se mencionan varias barreras, pensamos que las más sustantivas son las que derivan de asimetrías regulatorias que afecta negativamente a las universidades públicas incrementando los costos, entre otros, en infraestructura y afectando la agilidad de operación", señaló la rectora.
Finalizó con que "la eliminación de estas barreras no tiene costos económicos, e implicaría un ahorro inmediato y sustantivo de recursos que serían destinados a enriquecer la oferta educacional y fortalecer nuestra misión".
También desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), el presidente y rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Osvaldo Corrales, mencionó que el informe "confirma lo que venimos exponiendo hace años, que las universidades estatales enfrentamos barreras normativas que no tienen las universidades privadas, afectando gravemente la gestión interna de nuestras instituciones y limitando las posibilidades de desarrollarnos dentro del sistema en igualdad de condiciones con los privados".
Añadió que "como universidades del Estado siempre hemos postulado que la educación pública no debería ser un bien de mercado y debería ser sustentada íntegramente con fines estratégicos para el desarrollo del país, pero si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones".
"Esto va de la mano con nuestra demanda de transparencia total para todas las universidades que reciben fondos del Estado de forma directa e indirecta por medio de becas u otros beneficios fiscales", enfatizó el presidente del CUECH.
