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Plan Nacional de Búsqueda -política pública instaurada en el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric- se ha convertido, en estos últimos días, en foco de críticas por parte de algunos aspirantes a La Moneda de la oposición.
El viernes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, sostuvo a Radio Cooperativa que el Plan Nacional de Búsqueda "para mucha gente no es búsqueda, es venganza". Asimismo, aseguró que en su eventual gobierno, mantendría esta política pública, pero que funcionaría de forma diferente.
A las críticas se sumó el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien tildó el Plan Nacional de Búsqueda como "una estafa", e incluso cuestionó los recursos que se utilizan, "sin avanzar" en resultados.
A juicio del también parlamentario, la medida "no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos de detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal".
Asimismo, acusó que el Plan Nacional de Búsqueda se financia "con miles de millones de pesos" sin avanzar, según Kaiser, en "la identificación de los restos que ya están en poder del Estado hace más de 20 años" y que "habrían sido dañados por falta de responsabilidad".
Gobierno: "Es todo lo contrario a la venganza"
Los dichos de los candidatos tuvieron respuesta en el Gobierno, desde donde no se ocultó el malestar.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos y actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, lamentó el domingo, en Mesa Central de Tele13, las declaraciones de Evelyn Matthei, y aseguró que la elaboración de esta política de derechos humanos contó con múltiples conversaciones con miembros de la oposición y que recibió apoyo político.
"El Plan Nacional de Búsqueda lo que busca es entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza. La venganza es algo particular, es algo desinstitucionalizado, es algo, uno podría decir incluso, tomarse la justicia por su propias manos (...).
Jaime Gajardo, ministro de Justicia
Asimismo, afirmó que "probablemente (Matthei) nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda", y que si lo leyera, "se daría cuenta de que la afirmación en la que basa su posición carece de todo respaldo y evidencia".
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, dijo esta mañana a Radio U. de Chile que el Plan Nacional de Búsqueda "es todo lo contrario a venganza,", y aseguró que personeros de Chile Vamos -a diferencia de Matthei- han apoyado el plan.
"Después de las declaraciones de la candidata Matthei, he visto, sobre todo líderes de Chile Vamos, de que ellos consideran que el plan nacional de búsqueda es un plan necesario, de que es una obligación que tiene el Estado, que su objetivo es loable, que lo que se busca es definir las trayectorias de las personas que se encuentran detenidas desaparecidas y con eso poder entregarle al país la verdad de lo que ocurrió, poder colaborar con la investigación de la justicia y con la reparación que requieren los familiares de estas personas que todavía están detenidas desaparecidas, que son 1.469 para ser exactos", sostuvo.
En esa línea, mencionó que los respaldos han venido de personeros de Demócratas, e incluso de la UDI, que "el Plan Nacional de Búsqueda es necesario para el país, y que si ellos estuvieran en el gobierno estarían de acuerdo en mantenerlo".
En ese sentido, lamentó que esa disposición "no lo he visto he visto en sectores que están más a la derecha de Chile Vamos", apuntando a Kaiser.
Plan Nacional de Búsqueda y presupuesto
El Plan Nacional de Búsqueda fue presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric el 30 de agosto de 2023.
El plan se basa en tres objetivos: esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad respecto a los procesos de búsqueda; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
El plan ha enfrentado varias críticas durante su vigencia, incluso desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
Las críticas apuntaban a la dilación en su funcionamiento y por una licitación a trato directo con la empresa Unholster, a la cual la cartera transfirió $98 millones para elaborar un anteproyecto de plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, y cinco meses más tarde, asignó directamente otros $619 millones a la misma compañía para desarrollar la plataforma.
En septiembre de 2023, se promulgó el Decreto 98, que aprobó dicho plan, y que detalla que "el financiamiento de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda será consultado en la partida de presupuesto del año correspondiente del Ministerio o Servicio comprometido como responsable o colaborador de su implementación".
"Sin perjuicio de lo anterior, el financiamiento general de la implementación del Plan será incorporado en la Asignación 001, del Subtítulo 24, del ítem 03, de la Partida 10, Capítulo 06, Programa 01, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2023 o su equivalente en los años posteriores", detalla el decreto.
Además, quedó establecido que los gastos de 2024 y siguientes, "se realizarán con cargo a las mismas partidas correspondientes de la Subsecretaría de Derechos Humanos que se establezcan en la ley de Presupuestos del Sector Público que se apruebe para ese año y siguientes, respectivamente".
Para 2025, el Programa de Derechos Humanos tuvo un monto asignado por ley de Presupuestos de $1.706.148, mientras que el monto vigente es de $1.914.812.
Una de las glosas presupuestarias de dicho programa detalla que "se incluyen recursos para la prosecución de las funciones o actividades que deriven del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, por hasta M$ 313.365".
No obstante, según detalla Justicia, durante el año 2024 se produjo un aumento en las diligencias decretadas por los Tribunales de Justicia, por disposición de los ministros en visita extraordinaria, quienes, con el impulso del Plan Nacional de Búsqueda, ampliaron las intervenciones en terreno, ya sea reabriendo aristas de investigación que fueron cerradas en años anteriores, ahora con mayor acceso a tecnología (ejemplo en la Cuesta de Chada), o bien, profundizando acciones en el marco de causas criminales y de búsqueda en curso donde se han verificado nuevos hallazgos (ejemplo en la ex Colonia Dignidad).
Lo anterior implicó un arrastre de M$145.248 que se financió con presupuesto 2025, dejando un presupuesto disponible para el año 2025 de M$175.949.
"Con todo lo anterior, el presupuesto disponible para diligencias 2025 es inferior en M$699.464 al gasto pronosticado, de acuerdo con lo planificado", detallan.
Asimismo, subrayan que el año 2025 consideraba 31 nuevas diligencias por un costo total de M$875.413, lo que sumado al monto de arrastre 2024 (M$145.248), da un total de M$1.020.661 en Diligencias 2025.
"Bajo dicha planificación, se requeriría de un incremento en el subtítulo 24 del presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de M$699.464 para materializar su ejecución, modificación que se está evaluando a partir de redistribución interna", agregan.
Justicia detalla además que se formuló un presupuesto de M$20.840 para Encuentros, mismo monto que contempla la Ley de Presupuestos 2025.
"Sin embargo, la planificación actual, incorporando la mayor asistencia de familiares a diligencias judiciales y administrativas, al igual que un aumento en el deseo de participación de la sociedad civil, considera un monto de M$115.700 que incluye: encuentros nacionales de agrupaciones PNB, encuentros con agrupaciones regionales y conmemoraciones", agregan.
Bajo dicha planificación, "se requeriría de un incremento en el subtítulo 24 del presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de M$94.860 para materializar su ejecución, modificación que se está evaluando a partir de redistribución interna".
Críticas y avances
En agosto de 2024, durante el primer aniversario de esta política pública, la presidenta de la Agrupación de Familias de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, cuestionó que "hoy, a un año de vigencia del Plan de Búsqueda, cuando se habla y se dice que la búsqueda es con los familiares, porque sin los familiares no hay Plan de Búsqueda, claramente, no es concluyente, y así lo decimos hoy día, que nos enteremos a través de la prensa de tomas de decisiones que son vitales para el Plan".
En esa línea, Rivera instó a "mayor transparencia, participación de los familiares y mejor comunicación en la toma de decisiones", y consideró "inaceptable que el Plan Nacional de Búsqueda se transforme en un ámbito de negocio, y así nos sentimos".
Este año, en tanto, el Plan Nacional de Búsqueda recibió fuertes críticas a raíz del caso de Bernarda Vera, revelado en septiembre por un reportaje de Chilevisión, que dio cuenta que la mujer que figura dentro del listado de 1.469 personas detenidas desaparecidas durante dictadura, se encontraría viviendo en Argentina.
El ministro Cordero salió a señalar que el caso ya había sido analizado desde enero de este año por parte del Comité de Seguimiento del Plan, que había realizado diligencias en esta línea. Asimismo, Cordero aseveró que "la información que hoy en día existe sobre la situación de Bernarda Vera, es producto del Plan Nacional de Búsqueda".
El Gobierno publica boletines mensuales para dar cuenta de los avances del Plan Nacional de Búsqueda. El último publicado, correspondiente a septiembre de 2025, contiene un compendio de los "principales avances 2025-2025" de esta política pública.
El documento señala que "tras la revisión, análisis y valoración de cada caso, se llegó a la conclusión de que las personas víctimas de desaparición forzada forman un universo de 1.469, de las cuales 1.092 corresponden a personas calificadas como detenidas desaparecidas y 377 a personas ejecutadas sin entrega de cuerpos".
El listado también considera a los extranjeros desaparecidos en Chile y a los chilenos desaparecidos en el extranjero que fueron presentados y calificados por las comisiones de verdad. Asimismo, la nómina se complementó con la información recuperada y levantada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que verificó y complementó los datos de las personas víctimas de sus registros a lo largo de todo Chile.
"Por otra parte, la nómina de víctimas registra las 306 víctimas de desaparición forzada que fueron identificadas por el Servicio Médico Legal y restituidas a sus familiares", sostiene el documento.
También se ha desarrollado un mapa georreferenciado de las trayectorias de personas víctimas de desaparición forzada. Este mapa, "sistematiza y presenta la información de fuentes oficiales, teniendo a la vista las carpetas de calificación de las comisiones de verdad, así como las resoluciones y sentencias judiciales", detallan.
Asimismo, subrayan que se trata de un "documento dinámico en proceso permanente de actualización, con nueva información que surja en el transcurso de las investigaciones".
En cuanto a la reconstrucción de trayectorias, el Plan detalla que han existido casos excepcionales donde el proceso ha revelado "incongruencias con las conclusiones de las Comisiones de Verdad". En esa línea, se detallan dos situaciones: una, que se encuentra en investigación, y otra, que se comenzó a investigar en septiembre de 2023 y que derivó en que la Subsecretaría de Derechos Humanos instruyera al Programa de Derechos Humanos a interponer una acción judicial para que a la persona se le reconozca como víctima y se le garantice "el acceso a las medidas de reparación consagradas en la ley para sus familiares".
Plan Nacional de Búsqueda en cifras
De acuerdo a los datos del Plan Nacional de Búsqueda, a la fecha, el Programa de Derechos Humanos registra un total de 59 causas judiciales relacionadas con procesos de búsqueda llevadas adelante ante distintos ministros y ministras en visita extraordinaria.
"A diferencia de los procesos anteriores, donde la prioridad de la investigación era la persecución de responsabilidades penales, estos cuadernos tienen por objetivo fundamental la búsqueda de personas víctimas", subrayan.
El reporte añade que durante 2025, se han realizado 82 diligencias en terreno, tanto judiciales como extrajudiciales, a lo largo de todo el país; trabajos que han contando con la aplicación de tecnología para el estudio de terreno y de subsuelo.
Destacan además que esta cifra "representa un aumento de gran envergadura. Durante todo el año 2023 se realizaron a lo largo de todo Chile 44 diligencias de búsqueda".
Asimismo, detallan que la Subsecretaría de Derechos Humanos mantiene abiertas hasta el 28 de noviembre de 2025 la inscripción de los Registros del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para Agrupaciones de Familiares, Organizaciones de Derechos Humanos y Sitios de Memoria con participación en búsqueda.
