El pleno del la Corte de Apelaciones de San Miguel abrió un sumario administrativo contra conservadores y notarios que están vinculados con removidos jueces de las cortes de Santiago y Suprema en el marco de la trama que involucra al consorcio bielorruso. Son cuatro los funcionarios auxiliares de justicia -dos conservadores de bienes raíces y dos notarios de la jurisdicción de San Miguel que tendrían contacto con Antonio Ulloa y Ángela Vivanco. La presidenta de la corte, María Catalina González, informó que se "decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido, mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra corte". En esa línea, detalló que los funcionarios son Rodrigo Yáber, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Barrena, notario y archivero judicial; Rodrigo Ortúzar, notario; y Fernando Martel, notario.