Ayer fue ingresada a la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados la acusación constitucional que presentaron legisladores oficialistas en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, la tercera desde 2024 que se ingresa para un integrante del máximo tribunal de país. La acción impulsada por los socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Ciccardini se funda en los antecedentes que se han conocido respecto de la amistad que tiene Simpertigue con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos imputados en la causa originada por las eventuales irregularidades en el juicio entre el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec y Codelco. Los acusadores señalan que el ministro debe ser destituido de su cargo por notable abandono de deberes tanto en la denominada trama bielorrusa, como en la causa Fudamenta y por varios aspectos vinculados a la vida laboral de su hijastro. El escrito acusatorio conta de tres capítulos en los que se describen las conductas en que habría incurrido el ministro. Primero se lo acusa de "haber faltado de forma notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad" en la causa Belaz Movitec. El segunda apunta a hechos ocurridos cuando Simpertigue era ministro visitador de la Corte de Apelaciones de San Miguel, permitiendo, según los acusadores, a su hijo ser designado como notario interino. La tercera, se le acusa de mantener "vínculos sociales estrechos con abogados directamente interesados en una causa que él mismo había resuelto".
