Diputados de la Comisión de Educación abordaron los recientes dichos del ministro Nicolás Cataldo, en el marco de la agresión que sufrieron tres profesoras del Instituto Nacional.
En concreto, el titular de Educación condenó los hechos este viernes y señaló que "esto es inaceptable, como lo era inaceptable hace un mes atrás, hace un año atrás, hace una década atrás, porque lamentablemente estos fenómenos no son nuevos".
Pero, además, puntualizó que lo ocurrido "son delitos", pues "amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito", "no es un problema de convivencia escolar, es un problema delictual".
Entonces, precisó que "como son delitos, el Ministerio de Educación no tiene competencias legales para esos elementos. Eso se busca a través de la persecución policial, de la investigación, los peritajes, la inteligencia, y luego obviamente también con las respectivas sanciones judiciales que puedan existir. Ese es el camino".
El diputado Arturo Barrios (PS) indicó al respecto que "lo ocurrido en el Instituto Nacional es gravísimo y debe ser condenado sin matices. Ninguna diferencia política justifica poner en riesgo la vida de profesores", Pero también, agregó que "es importante ser responsables: el combate a delitos como estos le corresponde a la Fiscalía y a las policías. El Ministerio de Educación no tiene facultades investigativas ni persecutorias".
Así, sostuvo que "estos hechos muestran que la protección actual a nuestros profesores es insuficiente. Tenemos la Ley 21.188, pero los ataques con bencina o intentos incendiarios no están contemplados con la gravedad que corresponde. Es totalmente razonable evaluar una actualización legal que refuerce las sanciones, obligue la denuncia y establezca protocolos de protección docente. Cuidar a quienes educan a nuestros hijos es una responsabilidad del Estado, y el Congreso debe estar disponible para mejorar esa normativa".
El congresista Sergio Bobadilla (UDI) fue más crítico con el secretario de Estado: "Las declaraciones del ministro Cataldo implican dejar en la más absoluta impunidad a estos violentistas que están destruyendo la educación pública".
"A estos violentistas no se les debe tratar, como dice la candidata del Partido Comunista, con amor, hay que tratarlos con rigor y aplicar el máximo rigor que la ley implica, entre otras cosas, expulsarlos del sistema educativo", complementó.
La parlamentaria Marcia Raphael (RN) lamentó que "ante la gravedad de los hechos que afectaron a estás tres docentes, reciban de parte del ministro de Educación este nivel de respuesta".
"No le sirven a las profesoras afectadas y sus familias la mera condena verbal del ministro. Aquí, lo que corresponde, es en primer lugar entregarles todo el respaldo y la contención requerida, el apoyo legal y psicológico que no se ha ofrecido aún de parte del Ejecutivo", añadió.
En la misma línea, comentó que "tampoco hemos escuchado al ministro referirse a protocolos que estén próximos a aplicarse a fin de fortalecer la seguridad del establecimiento, entre otros aspectos relevantes. Al parecer, los docentes, la calidad de la educación y la seguridad en el aula, no son la prioridad de este Gobierno".
El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano), hizo una distinción: "Si el ministro de Cataldo se refiere a que el Ministerio de Educación no tiene facultades como de policía, por ejemplo, para entrar y detener a los estudiantes que están encapuchados y rociaron con bencina a las profesoras, es efectivo, el Mineduc no tiene ese tipo de facultades. Ahora, si entiende con eso como que el Ministerio no tiene arte ni parte en lo que es la seguridad de los establecimientos educacionales, yo creo que ahí está equivocado o tal vez entendió mal".
"Efectivamente, el Mineduc tiene distintas herramientas y es el que coordina lo que ocurre en materia de educación. Y uno de los elementos del sistema educativo es que las clases se puedan realizar y que haya seguridad", aseveró.
Con todo, dijo querer "invitar a que el Mineduc cumpla con su rol, así como también el resto de la sociedad. Aquí todos tenemos que intervenir y colaborar: los rectores, los profesores, los sostenedores, el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. Por supuesto, también, en este caso, el sistema de inteligencia respecto a la información de que eventualmente hay participación de adultos en lo que ocurre con la violencia y los encapuchados (...). Los parlamentarios, todos, tenemos que contribuir para intentar revertir este proceso de descomposición del sistema educacional público".
Finalmente, la congresista Karen Medina (IND-DC) señaló que "lo que ha sido una herramienta válida, como ha sido la protesta para poder manifestar los descontentos, para poder generar espacios de diálogos, para poder llegar a las soluciones, se empezó a ocupar ya hace un buen tiempo como una herramienta de violencia y de hechos delictuales".
"Aquí hay que preguntarse quién más debería hacerse responsable de los hechos delictuales que cometan sus hijos en espacios educativos o también en otros espacios. Yo creo que aquí hay una responsabilidad social, familiar, y que los padres, o los tutores, o los encargados, tienen mucho que decir respecto a las conductas de sus hijos en este tipo de hechos, porque no podemos pretender que todo sea responsabilidad del colegio, y que también la justicia no puede aplicar por edad algunas sanciones que debieran tener estas personas que son menores de edad, pero que ya son delincuentes. Aquí hay que evaluar otras medidas, y yo creo que hoy día es necesario abordarlas", terminó.
