En 2021, la Contraloría General Metropolitana realizó una auditoría a la administración municipal de Felipe Alessandri (RN) para fiscalizar el gasto de horas extras, detectando irregularidades. Por ello, la responsabilidad de restituir los fondos recayó en la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC). Tras la instrucción de Contraloría, y a pesar de que se restituyeron parte de los dineros, el mismo órgano determinó que no era suficiente e instó a la municipalidad a tomar cartas en el asunto. Ya alejada de la jefatura municipal, la Corte de Apelaciones hizo una serie de observaciones a la municipalidad.