La decisión del Gobierno de
expropiar parte de los terrenos donde se emplaza la megatoma campamento Centinela en San Antonio -que implicará un costo de $11.000 millones- para desarrollar un proyecto habitacional sigue sacando ronchas. En medio de las críticas formuladas principalmente por la oposición, la medida también molestó a aquellos vecinos de la Región de Valparaíso que llevan años postulando a una vivienda por la vía regular.
Una de las personas que reclama por esta situación es Daniela Catalán, presidenta del Comité de Vivienda "Los Aromos 2", formado en 2014 y que reúne a 300 familias del sector de Miramar en la zona de Llolleo, en San Antonio. "Hay mucha molestia de nuestros vecinos. Da rabia, impotencia, porque nosotros hemos estado luchando para tener nuestras viviendas", afirmó la dirigente a El Mercurio de Valparaíso.
"Estuvimos viajando prácticamente tres años, porque nos ofrecieron un proyecto habitacional, el proyecto Miramar, en Altos de Placilla. El Gobierno iba a comprar cuatro paños para dar solución a 600 familias. Finalmente compraron sólo dos, para 180 familias, porque supuestamente no había recursos para comprar los otros dos.
Entonces, que ahora vengan a decir que van a expropiar, por casi $11 mil millones, es una burla para nosotros", agregó.
En esa línea, Catalán se preguntó: "¿Qué pasa con la gente que llevamos años esperando, pagando un arriendo? Da rabia que el Estado avale esta situación. El Gobierno está incitando a que nos tomemos terrenos".
El citado medio también menciona el caso del Comité de Vivienda "Nuevo Amanecer", conformado por 48 familias que sufrieron la destrucción de sus hogares en el incendio ocurrido en enero de 2017 en el sector de Puertas Negras en Playa Ancha, comuna de Valparaíso. Aquí, el proyecto habitacional prometido por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) lleva años paralizado.
Es por eso que
Julia Gaitán, dirigente de dicha colectividad, afirmó que lo que está ocurriendo en San Antonio "es súper injusto, porque hay mucha gente esperando subsidios, no solamente nosotros. Hay familias que llevan años y décadas esperando por su casita propia".
"Está bien, todos tenemos derecho a tener nuestra casa, pero que hagan las cosas como corresponden: que postulen a los subsidios como todo el mundo", aseveró.
Un mal precedente
La situación también preocupa a especialistas, quienes advierten que la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas en la ciudad puerto sientan un mal precedente.
"A pesar de que el Gobierno diga que el de San Antonio es un caso excepcional, se está dejando un precedente de que la toma es un mecanismo legítimo para forzar negociaciones, presionar y sacar algo con el terreno usurpado", indicó a El Mercurio de Valparaíso Ignacio Aravena, investigador de la Fundación Piensa y académico de la Universidad de Oxford en Reino Unido.
"Mientras más grandes sean las tomas, más mediáticas son, y así se genera un incentivo a que los campamentos continúen creciendo ¿El problema? Este es sólo uno de los 1.400 campamentos que tenemos a nivel nacional", agregó el especialista.
