La semana pasada, el Juzgado de Letras de Parral autorizó el uso de la fuerza pública para resguardar Villa Baviera mientras funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo realizaran el procedimiento de tasación del lugar para permitir la expropiación de los terrenos donde algunas vez se erigió la Colonia Dignidad.
Es así como un contingente de 40 carabineros concurrieron hasta Villa Baviera, sin embargo,
los tasadores del Serviu no se presentaron, según denunció la diputada opositora Paula Labra.
La parlamentaria sostuvo que esta suspensión inesperada, que no fue notificada a Carabineros, "responde a las absolutas desprolijidades y a la falta de claridad que ha acompañado este proyecto desde que fue anunciado por el Presidente Boric en la última Cuenta Pública".
Recalcó que la ausencia de información oficial sobre los costos reales de esta operación constituye un foco de preocupación central, "considerando que se trata de recursos fiscales para una medida ideológica y alejada completamente de las necesidades prioritarias de los chilenos".
Labra recordó que el pasado 13 de marzo envió oficios tanto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, como al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, solicitando "informar si se han realizado gestiones de parte del Gobierno para determinar el llamado precio justo a efectos de indemnizar el daño patrimonial; cuál sería dicho monto y con cargo a qué partida presupuestaria se financiará la expropiación".
La diputada agregó que volvió a oficiar el 2 de diciembre, esta vez para que el Ejecutivo especifique el concepto, capítulo, programa, subtítulo, ítem y asignación correspondiente en la Ley de Presupuestos 2026 que permitiría financiar esta expropiación.
La parlamentaria explicó que, si se utiliza como referencia lo anunciado para la expropiación de los terrenos en San Antonio —donde el Estado pretende pagar 0,23 UF por metro cuadrado—, el valor proyectado para las 117 hectáreas de Villa Baviera alcanzaría aproximadamente 269.100 UF, equivalentes a unos 10.700 millones de pesos.
Finalmente, la diputada enfatizó que el Gobierno sigue sin entregar claridad alguna sobre cuántos recursos le costará al Estado esta operación, lo que, a juicio de Labra, confirma "la improvisación con la que se ha impulsado este proyecto desde su origen".
