El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), abordó ayer la situación de violencia en los liceos emblemáticos y anunció que están en proceso de instalación -o ya instaladas- cámaras de seguridad en tres establecimientos públicos de la comuna, tras conversaciones con sus comunidades.
Según publica El Mercurio, se trata de los liceos Barros Borgoño, Internado Nacional Barros Arana (Inba) e Instituto Nacional. Las cámaras se ubican en espacios comunes, "en los mismos lugares donde a profesores se les ha lanzado una molotov", aseguró el jefe comunal.
Desbordes indicó que la idea es que las cámaras estén, por ejemplo, en patios y pasillos, "no en baños ni salas, para evitar que sucedan hechos de violencia. Y si suceden, que haya medios de prueba; y si tenemos medios de prueba, que estas personas sean condenadas".
En la misma línea, complementó: "Rechazo cualquier intento de tratar de impedir esto. Quien está en contra de estas cámaras en los patios -no en los baños, no en las salas- o es cómplice de estos grupos, o al menos es una autoridad o un padre que está de acuerdo con que se siga dañando a estos establecimientos".
Respuesta del Mineduc
En un punto de prensa, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue consultado al respecto y sostuvo que "nosotros estamos legislando en el proyecto de ley de Convivencia y Bienestar de las Comunidades Educativas, que está pronto a despacharse a ley".
"En ese proyecto se considera el uso de tecnología para la seguridad del interior de los establecimientos educacionales, dentro de los cuales, obviamente, están las cámaras y hay protocolos que deben cumplirse para asegurar el resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia, también los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras", añadió.
También sostuvo que "lo que debemos hacer es resguardar primero que el uso de esa tecnología no se disponga en espacios privados, como camarines, baños, incluso también a salas de clase".
Precisó que el fin de la utilización de esta herramienta es el "resguardo de la seguridad, es decir, esto tampoco son procesos de vigilancia de comunidad educativa", sino que pesquisar los ilícitos durante desórdenes en los recintos educativos.
El secretario de Estado afirmó que "nosotros no vemos mayores dificultades, y además esto además cuenta con el acuerdo de las comunidades educativas". "Estamos pronto a contar con un nuevo marco jurídico en la ley de Convivencia y Bienestar de las Comunidades Educativas, que va a fijar reglas también para que el uso de tecnología se adecue aún más a los propósitos de seguridad, por un lado, pero también al resguardo de los derechos integrales de la niñez y la adolescencia", cerró.
