La Corte de Apelaciones de San Miguel mandató a la Fiscalía y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a pagar las costas del juicio que se realizó contra el carabinero Gonzalo de la Costa, acusado de lesiones graves contra civiles en el marco del estallido social, dado que en dos ocasiones hizo uso de su arma de servicio para repeler ataque a la Comisaría de San Joaquín durante un saque. La defensa advierte que "la formalización de los hechos ocurridos en 2019 y 2020 limitó la progresión profesional del mayor De la Costa de manera decisiva". También detalló la afectación a sus posibilidades de ascenso y su patrimonio. Esto último, porque dejó de recibir remuneraciones y tuvo que pagar junto con la defensoría parte de los peritajes para ir a juicio. Solo en esos análisis, el funcionario absuelto desembolsó cerca de $3 millones. "Fue del bolsillo del imputado que se lograron realizar peritajes que demostraron su actuar bajo contexto de ataque, esa situación es la que el tribunal sanciona a la fiscalía", indicó el defensor. Cabe mencionar que el 6° Tribunal Oral de Santiago absolvió en mayo al acusado. "La ponderación absolutamente sesgada y arbitraria de los antecedentes que obraban en la carpeta investigativa, que llevó a los acusadores a sostener la imputación fiscal y particular, impresiona como antojadiza e injustificada".
