Un combo de comida rápida de la cadena McDonald's tenía un valor aproximado de $80 mil; los celulares, $300 mil; los hervidores $25 mil; la carne, $60 mil y las paltas, $10 mil.
Eso es parte del mercado ilegal que ofrecían gendarmes a los internos de diversas cárceles del país, según estableció una investigación en contra de una red de corrupción de funcionarios penitenciarios.
La operación denominada "Apocalipsis" dejó a un total de 66 detenidos, de los cuales 44 son funcionarios de la institución penitenciaria.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que los flujos de dineros que circularon por las cuentas de los imputados superan los $6.300 millones, de los cuales al menos $3.150 millones provendrían de los cohechos y sobornos.
La indagatoria, iniciada en 2022, permitió desbaratar la red que operaba en el Penal Santiago 1 y CPF San Joaquín, además de "otros siete a nivel nacional", comentó esta mañana en un punto de prensa el fiscal regional occidente, Marcos Pastén.
Pastén expuso que los gendarmes y los civiles (varias de ellas extranjeras) operaban mediante la "colusión" para concretar un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos en el interior de los recintos penales.
Usaban diversos mecanismos para concretar los ilícitos, de acuerdo con la indagatoria. Una de ellas eran los "manilleros" - civiles que portan elementos prohibidos-, quienes accedían a los recintos carcelarios tras sobornar a los funcionarios imputados.
El costo de las coimas variaba en razón del tipo de elemento prohibido que se ingresaba e iba desde los $10 mil a los $400 mil. Estos elementos son carnes, alcohol y otras sustancias.
De hecho, esta forma habría sido utilizada para que 23 reos realizaran una fiesta, que incluyó asado y whisky, en el interior del penal de Santiago 1. Este episodio fue ampliamente difundido por los mismos presos a través de redes sociales.
El persecutor narró que otro mecanismo era que los funcionarios penitenciarios permitían el acceso de encomiendas que contenían elementos prohibidos o que visitantes que no se encontraban enrolados en el sistema, producto de su condición de migrante irregular, pudieran ingresar a los establecimientos, eludiendo los controles de Gendarmería.
"Hemos detectado que en el sector de traslado de los funcionarios de Gendarmería ingresaban, por su parte, especies prohibidas bajo dos modalidades. Uno, denominado 'la feria', es decir, ellos ingresaban productos que ofrecían precisamente a los internos -previo pago de una cantidad elevada de dinero- y otra que derechamente los propios internos solicitaban a los funcionarios el ingreso de esta sustancia en una suerte de 'delivery'", explicó Pastén.
La indagatoria también detectó que gendarmes trasladaron a internos de módulos a raíz de las coimas y que los mismos funcionarios "obligaban a los internos a entregar una suma de dinero para devolverle los propios teléfonos que previamente les habían incautado".
