La madrugada de ayer, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un masivo operativo para detener a 66 imputados, de los cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Con esto, desbarataron una red de corrupción que operaba en nueve cárceles del país.
Posteriormente, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para separar las funciones de Gendarmería en torno a la seguridad pública y las de reinserción social, materias que quedarían alojadas en los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia, respectivamente.
El caso destapó un comercio ilegal impulsado por los funcionarios imputados: cobraban coimas entre los
$10 mil a los $400 mil para permitir el ingreso de elementos prohibidos, como palta, teléfonos celulares, combos de comida rápida, entre otros productos.
Sin embargo, el mercado negro no solo involucraba objetos, sino que también personas, pues los gendarmes accedían a que los "manilleros" -civiles que portaban elementos prohibidos- entraran a los recintos carcelarios. Incluso ingresaban "personas que no estaban enroladas para ingresar al recinto penitenciario, generalmente por tener una situación migratoria irregular", dijo la jornada de ayer el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén en un punto de prensa.
El enrolamiento es, según explica Gendarmería, el procedimiento obligatorio para habilitar a quienes pretendan visitar a un interno en los distintos establecimientos penitenciarios del subsistema cerrado. Entre los requisitos, el usuario debe contar con una cédula de identidad vigente.
Control recinto penitenciario
El director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, comunicó la mañana de ayer: "Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles".
"Pero sí existe un control de los establecimientos penitenciarios que se puede sustentar en los buenos índices que mantenemos hasta el minuto", añadió.
Al ser consultado si Gendarmería tiene el control efectivo de las cárceles, Pérez afirmó: "Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, el profesor en la sala de clases puede decir 'pasarán de curso todos los alumnos'; el director de un hospital puede decir 'hoy no muere ningún paciente'".
Si bien ministro Gajardo, respaldó a la máxima autoridad del organismo penitenciario, expertos abrieron un debate en torno al control de las cárceles.
Población penal
Al 30 de noviembre de este año, Gendarmería expone que 59.872 hombres y 5.399 mujeres es la población atendida por subsistema cerrado. Desde diciembre de 2023 a la fecha, la población atendida creció en poco menos de 10 mil presos.
El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, explica que el hacinamiento en las cárceles son escenarios que propician el descontrol en las mismas. "Tienes un nivel de hacinamiento tal, que mientras más hacinada tengas la cárcel más probabilidades tiene el crimen organizado de tomar el control de ella: a mayor hacinamiento, mayor descontrol", dijo a Emol.
De acuerdo con el Plan Maestro Infraestructura Penitenciaria 2022 - 2034 del Ministerio de Justicia, "la mayoría de las cárceles del país, presentan sobrepoblación. Es así como en la actualidad existen 81 establecimientos de régimen cerrado con una oferta total de 42.416 plazas, evidenciándose una alta concentración de la oferta", se consigna en el documento.
Luis Toledo, Director CESCRO USS, manifestó que "estamos frente a una red criminal estable y económicamente organizada, con participación activa de funcionarios públicos y actores externos. El volumen de dinero involucrado, la diversidad de conductas imputadas, la extensión territorial del fenómeno y la existencia de roles diferenciados dentro del esquema gendarmes, intermediarios internos y civiles, configuran un verdadero mercado penitenciario ilícito".
Añade que "el impacto para Gendarmería es severo. (...) En el plano interno, revela una crisis de gobernabilidad, donde la autoridad legal se ve erosionada por lógicas de negociación y cohecho, afectando directamente la capacidad de control sobre la población penal, la prevención de homicidios y la neutralización de economías ilícitas. Además, expone a los funcionarios probos a mayores riesgos, al operar en entornos donde la corrupción puede transformarse en norma informal o en mecanismo de supervivencia institucional".
Ximena Marcazzolo, abogada penal, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, expresa que "es un hecho grave para Gendarmería, dado que un grupo importante de gendarmes podría ser condenado por delitos que son objeto de la mencionada investigación. Ellos son los responsables de la custodia de las cárceles, este tipo de conductas además de ser delictivas son infracciones graves a la seguridad al interior de los recintos penitenciarios".
"Por otra parte, resulta muy relevante que se investigue y se realicen operativos al interior de las cárceles. Es importante que se persigan los eventuales delitos cometidos por los propios internos en los recintos penitenciarios, pero también las infracciones penales que podrían ejecutar los funcionarios de gendarmería", complementó.
En ese sentido, Toledo apunta a que "con estos antecedentes, es razonable afirmar que Gendarmería se encuentra en una zona crítica de alto riesgo, donde la frontera entre deterioro institucional grave y pérdida estructural de control penitenciario comienza a difuminarse. No podría hablarse aún de un colapso total, porque el propio operativo demuestra que subsisten capacidades estatales de investigación, coordinación inteligencia y reacción penal. Sin embargo, cuando decenas de funcionarios de distintos recintos participan en esquemas sistemáticos de cohecho alineados con economías criminales, la corrupción deja de ser un riesgo latente y se aproxima peligrosamente a un rasgo estructural".
Alveal propone como medida inmediata aislar a los internos del crimen organizado con capacidad adquisitiva y de fuego en tres recintos penitenciarios, siendo custodiados por personal especializado de Gendarmería. "Las restantes cárceles automáticamente se controlan, porque quedan reos sin plata y sin dinero no tienen cómo corromper", expuso.
