El gendarme Luis Bravo Pigatti se encuentra en calidad de prófugo. Así los confirman fuentes ligadas a la indagatoria en torno a la red de corrupción desbaratada el martes tras un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en nueve recintos carcelarios del país.
El operativo concluyó con la detención de 66 detenidos, de los cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Sin embargo, entre civiles y funcionarios de la entidad penitenciaria hay un total de 12 prófugos.
En este último grupo está Bravo Pigatti, quien fue herido de bala por un preso en el año 2022.
La agresión
Cerca de las 11 horas del 8 de febrero de 2022, el imputado Juan Matías Pinto Navarro había sido trasladado hasta el Centro de Atención Médica del Hospital Barros Luco Trudeau, comuna de San Miguel.
En ese contexto, el preso huyó de dicho establecimiento por la ventana, pero el gendarme Bravo Pigatti notó esto y siguió al reo. Pinto Navarro subió a un taxi para escapar; el gendarme accedió a un vehículo para realizar el seguimiento del imputado.
Luego de una persecución, el funcionario detuvo a Pinto Navarro (condenado por incendio causando daño, robo con fuerza en lugar destinado a la habitación, falta a la ley que sanciona tráfico de drogas, en hechos perpetrados entre 2013 y 2018) y comenzó un forcejeo, en el que el reo tomó la pistola de servicio del gendarme y le propinó un disparo en la pierna.
Producto de lo anterior, el funcionario resultó con lesiones consistentes en herida por arma de fuego en extremidad inferior izquierda.
Pinto Navarro fue capturado y posteriormente procesado. El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo condenó en 2023 a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio de funcionario de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.
Mañana se realizará la audiencia de formalización de los 66 detenidos.
El procedimiento de martes tuvo por objetivo desarticular una red de corrupción que operaba, principalmente, en el interior de Santiago 1, con ramificaciones en otros centros penitenciarios del país.
La indagación, dirigida por el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en conjunto con un equipo conformado especialmente para investigar estos hechos que integran dos Fiscales Adjuntos, un abogado asesor y dos analistas, logró acreditar la existencia de diversas agrupaciones criminales vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado cometidos en el interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el período 2022-2025.
Se logró establecer que en el CDP Santiago Uno, y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que se valen del soborno y del cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos. Junto con ello, se pudo establecer el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas, todo ello al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables.
