En medio de las críticas de la oposición, la ministra vocera de Gobierno,
Camila Vallejo, negó este viernes un "amarre" de funcionarios públicos, asegurando que la normativa solo busca "evitar despidos arbitrarios". Esto en medio del reajuste al sector público.
Ayer, Chile Vamos y republicanos acusaron al Gobierno de introducir normas de "amarre" que limitarían futuros despidos de personal, a pocos meses del cambio de mando.
En entrevista con Radio Infinita, Vallejo aseguró que no hay "nada más lejos de un amarre. Esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que además no tiene que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van, obviamente, todos a presentar su renuncia con el cambio de gabinete. Esto tiene que ver con las garantías a los trabajadores del sector público en general".
Y agregó que lo que se busca es "solo evitar discrecionalidad absoluta para terminar con esta lógica de los despidos arbitrarios. No es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar estos despidos arbitrarios".
"O sea, la desvinculación, básicamente, es que solo puede afectarse con un acto administrativo que esté fundado, o sea, con hechos y fundamentos de derecho, punto. O sea, lo que hace es como recordar que aquí no se puede llegar y desvincular así como así, sino que tú tienes que fundar esa desvinculación en base a la normativa vigente, bajo el Estado de derecho y fijar reglas para este tipo de cosas", sostuvo.
"No es un amarre, simplemente, es evitar arbitrariedades que debiliten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras", complementó.
A su juicio, "aquí solamente hay un recordatorio de que tú tienes que fundamentar la razón de la desvinculación, o sea, no simplemente poner el título, sino que respaldarlo y especificar un poco más de cuál sería la necesidad del servicio".
Rol primera dama
Vallejo también fue consultada por los dichos de la titular de la Mujer, Antonia Orellana, quien ayer en la misma radio se refirió al regreso de la figura de la primera dama, afirmando que "en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco".
"Nosotros, como ustedes bien saben, tenemos una mirada crítica de esa figura, por eso se generaron cambios que fueron transparentes, públicos y fundamentados respecto a la Dirección Sociocultural, que terminó más que sino desaparecer las funciones de las cuales estaba a cargo la dirección, distribuyéndolas a distintos ministerios, que eran las autoridades correspondientes a cada tarea", explicó.
Con ello, recordó que "el principio que movilizó esto es que la relación de parentesco no haga justificable en sí asumir un cargo de autoridad y de uso de recursos públicos, sino que estuviera básicamente ligado a las carteras. Nosotros sabemos que con los cambios de gobierno, cada gobierno tiene su sello, su impronta. Y y más allá de la mirada crítica, nosotros somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar en esta materia la próxima administración podemos compartirlas o no".
"Entonces, si alguien quisiera retornar esas funciones a una Dirección Sociocultural, obviamente, y me imagino que tendría que hacerlo también no solo con acto administrativo, sino que con proceso de diálogo" con los involucrados, remató la ministra.
