Los diputados de la Bancada UDI, Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, acusaron al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein (PC), de pretender "amarrar" tres cargos de jefatura en dicha repartición antes de que asuma la nueva administración del Presidente electo, José Antonio Kast.
La medida ocurre bajo el contexto de una ofensiva para detectar posibles contrataciones "a última hora" por parte del Ejecutivo, a propósito de la polémica norma sobre la "confianza legítima" que se incorporó en el protocolo sobre el reajuste al sector público.
En concreto, el artículo 14 del acuerdo de la Mesa del Sector Público con el Ejecutivo establece que la no renovación de contratas solo podrá efectuarse mediante un "acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho", el cual deberá estar "sustentado en criterios objetivos y acreditables".
La propuesta ha generado polémica, y en ese contexto, los diputados Alessandri y Bobadilla revelaron que hay tres concursos que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas abrió en el último tiempo (uno a principios de noviembre y los otros dos a mediados de este mes), para desempeñarse como jefes de los departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones y de Estudios y Análisis.
Según señalaron, los tres cargos son por una remuneración de $4.275.689, y la designación del ganador en el caso de los últimos dos concursos será entre el 17 y el 23 de febrero de 2026, solo dos semanas antes de asumir el futuro gobierno el 11 de marzo.
Además, los parlamentarios advirtieron que para postular a los cargos, había como requisito ser funcionario de planta o a contrata, lo que a juicio de ellos "confirma la intención de acomodar a personas ya vinculadas con la actual administración".
Los diputados expresaron que "sabemos que el Gobierno va a decir que estos concursos están vinculados a la carrera funcionaria y por eso uno de los requisitos es estar ya trabajando en la administración del Estado, pero es más que evidente que este argumento se utiliza para legitimar un nombramiento que probablemente ya esté definido".
"El verdadero objetivo de las autoridades es acomodar y blindar a las personas afines a ellos antes del cambio de mando. De lo contrario, no se explicaría que a última hora estén levantando estos procesos y que, además, en el reajuste al sector público quieran impedir por ley las desvinculaciones, transgrediendo lo que ha establecido la propia Contraloría y la Corte Suprema", cuestionaron los UDI.
Por lo mismo, esta mañana enviaron una serie de oficios al Gobierno, tanto al Ministerio de Defensa como a otras reparticiones, dado que en la revisión de los antecedentes también encontraron otros concursos públicos que también se cerrarán en febrero.
"Aquí hay una maniobra burda y deliberada del Ejecutivo, cuyo único objetivo es capturar el Estado para ellos, amarrando cargos estratégicos y blindando a operadores afines a su administración. Y todo esto ocurre, al parecer, con la anuencia del Presidente Gabriel Boric, quien llegó al poder con la consigna de 'no más pitutos', pero que no sólo fue incapaz de cumplirla, sino que además terminó convirtiendo al Estado en una verdadera agencia de empleo", cerraron los legisladores gremialistas.
"No son cargos de confianza política
En respuesta, desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas señalaron en una declaración por escrito que "respecto a los concursos de tercer nivel jerárquico, se trata de cargos vinculados a la carrera funcionaria, no son cargos de confianza política. El sueldo asignado a estos cargos están definidos por Ley (DFL 3), no a una decisión de la autoridad".
También sostuvo que este tipo de concursos !son usuales en servicios públicos que promueven la carrera funcionaria. A modo de ejemplo, la actual gestión de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas asumió en marzo del 2022 con 14 jefes de tercer nivel jerárquico seleccionados a través de concursos desarrollados por la anterior gestión. Una de dichas jefaturas fue ratificada en sus cargo, por un periodo de tres años, solo un mes antes de la llegada del actual gobierno".
"Finalmente, y entendiendo el rol fiscalizador que realizan los diputados, no corresponde impugnar requisitos que establece la normativa vigente y que son ampliamente conocidos en todos los servicios públicos, así como por los legisladores, y que tienen por objetivo el desarrollo de la carrera funcionaria en el Estado", concluyó la cartera.
