Continúa en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de los 70 detenidos por su presunta participación en la red de corrupción al interior de cárceles del país. De ellos, 47 son gendarmes y 23 civiles.
Fue el pasado martes que la "Operación Apocalipsis" se llevaron a cabo 77 órdenes de detención, que terminó con 66 aprehendidos y cuatro entregados voluntariamente ante PDI.
La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizará a los funcionarios como autores de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos. En tanto, para los civiles, se reemplaza el cohecho con el delito de soborno.
La red criminal operaba mediante la "colusión" entre los gendarmes y los civiles para ingresar diversos artículos (celulares, drogas, alcohol, comida, carne, y otros) a los recintos penitenciarios. También facilitaban el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual como visitas autorizadas.
Autoridades aseguraron que se detectaron más de 9 mil transferencias bancarias, y que los flujos de dineros superan los $6.300 millones.
Según se mencionó en la audiencia, la mayor parte de los gendarmes se mantendrán en tránsito en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y algunas mujeres imputadas en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.
En tanto, todos los civiles "manilleros" irán al Complejo Penitenciario (CP) Rancagua.
9 asociaciones criminales
El Ministerio Público reveló que existían 9 organizaciones criminales en la red de corrupción de gendarmes y civiles.
La primera es "La Dora", liderada por una interna llamada Dora Jiménez y que operaba desde 2020 en la cárcel de San Joaquín. Hay dos gendarmes involucrados y dos mujeres civiles.
Se suman "Las Chilenas", que contaba con dos líderes llamadas jefas de manillas", las que coordinaban y controlaban el ingreso de elementos prohibidos en los penales San Joaquín y Santiago 1. Participaban 8 gendarmes y 5 civiles.
Otra banda es "La Boliviana", con base en Santiago 1 y vinculada a "Las Chilenas". Había una jefa de manilla, 5 manilleros y 9 gendarmes.
"Los Colombia" es otra organización que operaba en Santiago 1. Tenía 3 jefes de manillas, 6 manilleros y 11 gendarmes.
Se suma la "Del Héctor Pérez" por el nombre de su líder. Tenía un solo manillero y vínculo con 4 gendarmes. Operaba en Santiago 1.
"La Maribel" era del mismo penal y tenía una jefa de manillas, una manillera y participación de 6 gendarmes.
"Mario Soto" operaba también en Santiago 1 y su nombre se debe a su jefe de manilla, que tenía un kiosko informal en el exterior del recinto penitenciario. Tenía una manilla y apoyo de 10 funcionarios de Gendarmería.
Otra es la de Luis Salamanca, que colaborada con dos gendarmes. Se suma la encabezada por Luis Olivos, que coordinaba labores con dos gendarmes.
CDE presenta querella criminal
En paralelo a la audiencia, se reveló que ayer el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció la presentación de una querella criminal contra 42 gendarmes por los delitos de cohecho y soborno, además de acusaciones contra 35 civiles por asociación criminal, lavado y falsificación documental.
Según afirmó la institución, los acusados "incurrieron en una serie de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y criminalidad organizada que operaba al interior de recintos penitenciarios de la región Metropolitana, particularmente, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín, y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, de la comuna de Santiago".
"Se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile —en diversas calidades y destinaciones— quienes, en razón de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza", aseguró el CDE.
Añadió que la labor de los acusados facilitó "la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios".
Tensa formalización
La audiencia, a cargo del juez Francisco Ramos, se está realizando de manera presencial para la mayoría de los imputados, quienes fueron trasladados en buses al Centro de Justicia de Santiago.
Dada la magnitud del caso y el número de los implicados, conocedores del caso proyectan que el proceso de formalización se extienda entre cinco días o incluso, más de una semana.
Cabe señalar que solo identificar a todos los detenidos al inicio de la audiencia tuvo una extensión de una hora y media.
A lo largo de la audiencia, tanto los defensores públicos como los defensores privados han alegado que hubo una detención ilegal de algunos de sus representados. Asimismo, acusaron no tener acceso a la carpeta investigativa y varios aseguraron no poder tener contacto con sus representados. Por ello, se alinearon y pidieron aplazar el proceso.
Lo anterior provocó tensos momentos, en los que el magistrado debió pedir orden y silencio en varias ocasiones, asegurando que todo el proceso se ha adherido a la normativa.
Finalmente, tras varias horas de sesión, se decidió que la audiencia de formalización continuará mañana a las 10:00 horas.
