"Yo creo que la afirmación de que es una norma de amarre es técnicamente incorrecta. Yo creo que puede existir una legítima preocupación de por qué incorporarla en la ley de reajuste. A mí me parece que es un debate bien legítimo, pero desde el punto de vista técnico, es una norma que exige motivación para la remoción, no impide la remoción".
Con esas palabras, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este sábado la polémica que se abrió esta semana por el supuesto "amarre" de funcionarios públicos que estaría haciendo el actual Gobierno y que, por cierto, descartó la propia vocera Camila Vallejo, asegurando que la normativa solo busca "evitar despidos arbitrarios".
Cordero además de señalar que la afirmación es "técnicamente incorrecta", sentenció que la norma "al final del día", hay que "discutirla en el Congreso". "Ese es el lugar donde o hay consenso o no hay consenso sobre este punto", precisó.
Ahora bien, indicó que su "opinión técnica sobre este tema, es que si una norma de estas características no está, lo que vamos a seguir es en un circuito de judicializaciones muy grande que suele ocurrir en determinados períodos, y que se judicializa por muy distintas vías, no solo ante las cortes, se judicializa también en vía laboral de modo muy intenso".
"Uno en general lo que necesita es tener reglas del juego en el empleo público estable. Yo creo que lo que está detrás de todo esto es que durante largos años no nos hemos hecho cargo de la reforma al empleo público y tenemos estas reglas inversas que provocan este tipo de inconvenientes. Y hay que tratar de buscar un criterio de consenso", agregó.
Así, dijo que "llamaría a tratar de buscar una norma de consenso, porque, vuelvo a insistir, el Estado funciona sobre la base de un número de remeros muy significativos, muchos de ellos que han accedido por concurso público, aunque sean empleados a contrata, y que yo creo que lo clave es tener para eso un Estado de eficaz".
El secretario de Estado explicó previamente que "nosotros tenemos un régimen que dice que el 80% de esas personas deben estar en cargos estables y el 20% en cargos transitorios, que son los empleados a contrata. Sin embargo, en Chile la realidad es la inversa, por distintos tipos de razones".
"Entonces, lo que tenemos es que el 80% y un poco más de los funcionarios en Chile son a contrata, sin empleos que pudieran ser transitorios, pero que están en sus funciones 5, 10, 15 ó 20 años. Y este es un debate que suele ocurrir en cambios de una administración a otra, no solo a nivel nacional, sino que también en las administraciones locales o regionales", complementó.
Asimismo, comentó que "la norma que está en la propuesta de la ley de reajuste, es más que una ley de amarre, es en estricto rigor una ley de motivación para desvinculación. Pero si usted me apura objetivamente, esta es la revelación, tenemos un problema mucho más estructural, el problema mucho más estructural es que nadie se quiere hacer cargo de una reforma del sistema de empleo público".
"Y con esto termino. Usted sabe que muchos de los cargos de los empleados a contrata en Chile, por política que se viene aplicando hace muchos años, ingresan por concurso público. Entonces, se da la paradoja en que son funcionarios que están en cargos que ingresaron por concurso público, pero que están en empleos que se van renovando año a año", concluyó.
Cabe mencionar que por este tema hubo diversas críticas. El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, sentenció que "si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación". Desde la UDI, en tanto, diputados calificaron la iniciativa de "deshonesta" e instaron al Socialismo Democrático a rechazarla.
