Continúa la polémica por la norma de "amarre" acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público para el reajuste del 2026. Este lunes desde la UDI anunciaron que
recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el Gobierno
logre aprobar en el Congreso la medida incluida en la ley de reajuste al sector público.
En concreto, la norma dispone que la no renovación de contratas en el sector público deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y verificables, y no solo por "necesidad del servicio". Además, reduce de cinco a dos años la denominada "confianza legítima".
Lo anterior provocó que la bancada de Diputados de la UDI emitiera el fin de semana una dura declaración pública en contra del Ejecutivo, calificando su actitud como "impropia, deshonesta e irresponsable".
En esa línea, aseguraron que dichas normas "no sólo perjudica gravemente a los funcionarios de carrera, sino que además abre la puerta a la creación de una verdadera 'planta paralela' en la administración pública, integrada por operadores y apitutados políticos afines al actual Gobierno".
Sin embargo, luego que durante las últimas horas distintos ministros del Gobierno salieran a justificar la inclusión de las medidas de "amarre", los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri confirmaron que si el Congreso Nacional aprueba dichas disposiciones tal como el Gobierno lo informó, ingresarán un requerimiento ante el TC.
En esa línea, mencionaron que "la ley de reajuste al sector público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo".
"Por lo mismo, si el Ejecutivo insiste en incorporar estas medidas en el proyecto de ley y logra aprobarlas con el apoyo del oficialismo, vamos a recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional, porque no vamos a permitir que por la puerta trasera terminen blindando a sus operadores políticos", advirtieron los diputados.
Por lo mismo, reiteraron su llamado a los partidos de centro izquierda, en particular el PS y el PPD, a rechazar el punto más polémico del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, insistiendo en que "no se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral".
De acuerdo a los parlamentarios UDI, "lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder. Así que si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores, sólo por una afinidad política e ideológica, no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso".
